El PSOE rechaza el control de lo público por grupos inmobiliarios y especulativos

El PSOE rechaza el control de lo público por grupos inmobiliarios y especulativos

El Consejo Territorial del PSC-PSOE de Lanzarote aprobó por unanimidad una resolución que rechaza con contundencia la unión de varias fuerzas políticas antagónicas y dispares con el único objetivo de expulsar a los socialistas de los gobiernos de las instituciones insulares. Esta propuesta se formuló en el trancurso de una reunión del citado órgano del partido, celebrada en la Sociedad "La Tegala" de Haría el pasado día 23 de octubre.

En la resolución mencionada se identifica a CC, PIL, PNL y PP con un determinado lobby empresarial con intereses inmobiliarios y especulativos muy concretos en el Plan General de Ordenación de Arrecife o el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote. Así mismo, los socialistas aseguran que existen poderes fácticos en la isla que operan fuera de los procesos democráticos establecidos y que han elegido a CC, PIL, PP y PNL como simples medianeros-cantineros para obtener beneficios particulares en el marco de un urbanismo salvaje y un desarrollismo feroz.

El Consejo Territorial del PSC-PSOE de Lanzarote está formado por los miembros de la Comisión Ejecutiva Insular, los alcaldes y portavoces de los grupos municipales, los consejeros del Cabildo, los parlamentarios autonómicos y el diputado y el senador en las Cortes Generales, así como por los siete secretarios generales de las agrupaciones locales del partido.

En la resolución aprobada por el Consejo Territorial socialista, los miembros del partido reafirman una vez más los principios democráticos que inspiran a esta formación política y que están interiorizados en su ADN ideológico: la protección del territorio, el apoyo a los más débiles, las políticas de sostenibilidad y, sobre todo, un total, profundo, firme y absoluto respeto al estado de derecho.

(Texto íntegro de la resolución aprobada)

El Consejo Territorial del Partido Socialista Canario-PSOE de Lanzarote, en su reunión en Haría el día 23 de octubre de 2009, aprueba por unanimidad la siguiente propuesta de resolución.

 

 

El pasado día 17 de octubre se consumó en el Cabildo de Lanzarote una moción de censura presentada por CC, PP, PIL y PNL contra la presidenta socialista, Manuela Armas. Esta operación política, irreprochable desde el punto de vista legal, pero absolutamente impresentable desde el punto de vista moral, es el resultado de una unión de fuerzas políticas dispares y antagónicas (nacionalistas, insularistas e independistas junto a la derecha españolista), en torno a determinados poderes económicos y especulativos que nada tienen que ver con el interés general de los ciudadanos de Lanzarote.

 

Las presiones de ciertos poderes fácticos de Lanzarote para convertir a su causa a un PSOE inane no fructificaron, por lo cual los poderosos sectores inmobiliarios y especulativos que han alentado el grito de “todos contra el PSOE” han utilizado a políticos serviles y fáciles de amedrentar para acceder al control del Cabildo, es decir, a los consejeros de los cuatro partidos firmantes de la moción de censura y a los dirigentes de las citadas formaciones políticas.

 

Detrás de esta operación de control del poder público por parte de entidades ajenas al proceso democrático se esconden determinadas e indecentes exigencias de los poderosos en el Plan General de Ordenación de Arrecife, en el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, en la iniciativa legislativa sobre establecimientos hoteleros ilegales y en otras figuras de control territorial y urbanístico, defendidas desde siempre por el PSOE y otras organizaciones ciudadanas, y que han sido consideradas un obstáculo por parte de los especuladores y sus medianeros-cantineros habituales, a saber, las cúpulas dirigentes de CC, PIL, PP y PNL.

 

Ante estado de cosas, los socialistas de Lanzarote continuarán defendiendo los principios democráticos que este partido político lleva interiorizados en su ADN ideológico: la protección del territorio, la defensa de los más desfavorecidos, la apuesta por políticas de sostenibilidad y, sobre todo, el total y absoluto respeto al estado de derecho.