Falso debate (II)

Si en el artículo anterior se hacía referencia a los aspectos técnicos del proceso de regularización de la planta alojativa con licencias anuladas por los tribunales, toca ahora esbozar una serie de aspectos políticos y sociales sobre dicho proceso, en los que debiera haber un consenso generalizado.

Para llegar a ese consenso, sería necesario explicitar de manera pública hasta qué punto todas las fuerzas políticas y sociales comparten una serie de premisas.

Las licencias anuladas por los tribunales son producto de una práctica incorrecta por parte de las administraciones que las otorgaron. No cabe hablar de inseguridad jurídica ni de defectos en el planeamiento, ni de legislación compleja. Simple y llanamente, se ignoraron normas de obligado cumplimiento para otorgar licencias en contra del ordenamiento vigente.

Las obras se consolidaron porque los promotores así lo quisieron. En todos los casos tuvieron cumplida información de los procedimientos interpuestos por el Cabildo. Incluso en los casos en los que la Corporación solicitó la paralización cautelar de las obras, tanto los ayuntamientos como los promotores se opusieron a esta solicitud.

El grado de incumplimiento tanto de la normativa insular como de la Ley de Turismo, del Plan General de Yaiza y de los Planes Parciales, y el empecinamiento en continuar con las obras una vez interpuestos los contenciosos por el Cabildo, impide considerar a los promotores como víctimas o afectados; al contrario, les convierte en parte activa de la “insubordinación” que supone la concesión ilegal de las licencias ahora anuladas.

Cuestión al margen, pero relacionada, es lo que resulte de los procedimientos penales que investigan el enriquecimiento ilícito de algunos cargos públicos y técnicos, que pudieran haber obtenido pagos de promotores por la concesión irregular de licencias.

El objetivo de la administración a la hora de ejecutar las sentencias no debe ser proteger las inversiones amparadas en las licencias anuladas sino defender la supremacía de la legalidad, el mantenimiento de los puestos de trabajo, amén de otros condicionantes ambientales, paisajísticos, etc...

Cualquier legalización que se promueva en el procedimiento de regularización ha de contemplar indemnizaciones. Indemnizaciones que han de resarcir a la sociedad insular del daño causado. Y además, y es tal vez lo más importante, generar un efecto ejemplarizante, tanto para frenar nuevos incumplimientos como por lanzar un mensaje claro a la ciudadanía de igualdad ante la ley.

Y es que resulta imposible cerrar adecuadamente este episodio de “Lanzarote Isla sin Ley” mientras se siga culpabilizando al Cabildo de la situación de indisciplina urbanística y vendiendo la mixtificación de los inocentes promotores que sufren un conflicto entre administraciones jaleado por perversos ecologistas y un PSOE nonísta.

 

Carlos Espino

Secretario General de los Socialistas de Lanzarote