Las cuentas de Ana Pastor (y de José Manuel Soria)

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha declarado que su Ministerio obtuvo un ahorro de tres millones de euros mensuales en el último trimestre, tras exigir a los usuarios presentar el certificado de residencia. Y sus afirmaciones coinciden con una reciente operación de la Guardia Civil que ha permitido imputar a más de cuatro mil viajeros presuntamente fraudulentos.

Esta coincidencia de ahorro de fondos públicos y detección de defraudadores podría llevarnos a calificar de imposición razonable la solicitud del certificado en el momento del embarque.

Sin embargo, no debemos olvidar que la operación de la Guardia Civil arranca de la investigación a unas pocas agencias de viaje y se ha basado en la comprobación a posteriori de la documentación interna, y no del chequeo de los certificados al facturar.

Por lo que ha trascendido, parece tratarse de un pequeño grupo de agencias que ofertaba billetes extremadamente baratos, algo que conseguían gestionando un descuento al que el usuario no tenía derecho.

Recuerda a otros casos previamente detectados, en los que el gran fraude en la bonificación al transporte para los residentes en islas no venía de los viajeros, sino de compañías que facturaban al Estado el 50 por ciento supuestamente descontado al usuario, partiendo de unos precios ficticios que nada tenían que ver con los reales.

Lo sabe Ana Pastor y lo sabe José Manuel Soria. Y saben que resultaría mucho más sencillo y eficaz establecer un sistema de control basado en el intercambio de datos entre las compañías aéreas y las bases de datos del Padrón; algo que tecnológicamente no tiene dificultad pero sí requiere de la decisión política de instaurarlo.

Pero no. Ha sido más fácil para Pastor y Soria, para Soria y Pastor, describir la situación como producto de los abusos de los usuarios (¿habremos volado por encima de nuestras posibilidades?), que como un fraude empresarial. Ha sido más sencillo convertir en objeto de control la parte más débil, el viajero, que poner a trabajar a niveles de exigible modernidad a aerolíneas, agencias de viajes y Ministerio de Fomento.

Por otra parte, la ministra falsea la realidad porque obvia que parte de ese ahorro no proviene del control del fraude sino del sobreprecio que miles de usuarios y usuarias han tenido que abonar cuando han olvidado el certificado en casa o han tenido que viajar con urgencia y de manera imprevista, sin ese documento a mano.

Todos recordamos el reciente caso de un menor al que se negó el traslado de vuelta a Canarias desde Madrid por haber extraviado su certificado de residencia. Ni siquiera la fotocopia enviada por la Guardia Civil desde su ciudad de origen sirvió para embarcar al chinijo. La fiscalización al residente cobra tintes propios del más delirante universo de Aldous Huxley.

En su momento, la implantación de esta medida fue duramente criticada por la sociedad, las administraciones locales y buena parte de la clase política. Un año después, con tiempo de sobra para haber desarrollado los sistemas telemáticos que evitarían el colapso en los Ayuntamientos, el tiempo desperdiciado de los viajeros y la sensación de vivir un Gran Hermano perpetuo, nada se ha hecho en ese sentido.

La respuesta es la ya habitual en nuestro actual Gobierno de España: Si quieres volar (estudiar, ser sanado, formarte profesionalmente, disfrutar de la cultura…) paga.

María Dolores Corujo

Secretaria General de los Socialistas de Lanzarote