Las estupideces de Berriel

Nadie está exento de decir alguna estupidez. Por supuesto, los cargos públicos corremos un riesgo aún mayor, en la medida en que nos vemos obligados a intervenir públicamente en numerosas ocasiones. Es más, no tengo ningún inconveniente en reconocer públicamente que, con el tiempo, me arrepiento de haber dicho alguna estupidez. Particularmente, algún compañero con un punto de sadismo me recuerda, cada vez que tiene ocasión, una de mis mayores y más sonadas estupideces: Decir a la salida de mi primera reunión con Domingo Berriel que me parecía un tipo serio. Me arrepiento.

Viene esto a cuento de la respuesta que da Berriel a las declaraciones en las que manifesté que el consejero de Política Territorial “pretendía legalizar hoteles cuya licencia pudiera ser fruto de un cohecho”. Justifiqué mi afirmación en algo que es de conocimiento público: El enriquecimiento injustificado del ex-alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, al que se le localizan ingresos injustificables por más de setecientos mil euros en los últimos cuatro años. Es más, el propio Reyes llegó a declarar, aunque luego se retractara, que había cobrado de, al menos, cuatro empresarios por la concesión de licencias.

Hay que añadir que algunas de esas licencias se tramitaron en un fin de semana, o en menos de un mes en algún caso y que su concesión se ocultó, de manera deliberada y hasta que intervinieron los Tribunales, al Cabildo de Lanzarote.

Esos son los hechos objetivos que me llevan a sostener la opinión expresada anteriormente.

Por supuesto, Domingo Berriel, a la vista de los mismos hechos, puede opinar de manera diferente. Puede considerar que el enriquecimiento del ex-alcalde ha podido deberse a una afortunada sucesión de bingos, o a inesperadas donaciones, o a una enorme capacidad de ahorro... Vamos, que es normal que un ex-alcalde maneje incrementos patrimoniales de ese calibre. Puede considerar que conceder licencias en un fin de semana, con expedientes tan voluminosos que le sobrepasan en altura, es una muestra de la diligencia con que trabaja una administración eficaz.

Puede considerar lo que le convenga; yo sostengo lo contrario. Y por eso denuncié en 2006 lo que considero una trama para la concesión de licencias ilegales, sin necesidad de esperar a la invitación pública que me hace Berriel. Por cierto me sorprende su innecesaria invitación a acudir a los tribunales, sobre todo por lo que me han criticado algunos de sus compañeros de partido y de gobierno por “judicializar la vida política”, hasta el punto que llegaron a poner en conocimiento de fiscalía la utilización que hice de documentación pública para interponer mis denuncias (se archivó).

Por eso entiendo que el proceso de legalización que pudiera llevarse a cabo dentro del marco normativo, ya que a los titulares de las licencias anuladas les asiste ese derecho, ha de llevarse de manera transparente. Por eso, mi grupo propuso una iniciativa legislativa que, a diferencia del cajón de sastre que supone la Ley de Medidas Urgentes, -esa que se hizo para facilitar el despegue del sector primario y se pretende utilizar para los de siempre-, estableciera unos criterios claros y una escala de penalizaciones para aquellos que, en pleno periodo de suspensión de licencias, obtuvieron un trato de favor de la administración y se beneficiaron indebidamente. Porque Berriel olvida algo fundamental, al lado de la planta ilegal no hay llanos ni baldíos, hay solares de propietarios respetuosos con la ley a los que se penaliza en la medida que se premia o consiente a los infractores.

También olvida Berriel algo fundamental. La realidad no es una foto fija, es una película cambiante y algunos pudimos hacer, con total buena fe y con sentido de la responsabilidad, una propuesta de solución en un momento en el que no se conocía, por más que se sospechara, el patrimonio acumulado por el ex-alcalde. En la medida que se van conociendo nuevos datos, algo que era simplemente, dentro de su gravedad, un problema de disciplina urbanística, se ha ido convirtiendo, digámoslo claramente, en un caso de corrupción urbanística.

Pero claro, tratar de explicarle esto a Berriel, integrante de un Gobierno experto en recibir varapalos judiciales y en confundir concursos públicos con rifas de fiesta patronal, puede que sea un intento condenado al fracaso. Al fin y al cabo, el consejero eligió hace mucho tiempo de qué lado está. Tanto tiempo, al menos, como el que ha pasado desde que cogía el teléfono a los amigos para garantizarles la concesión de camas, en ese último Pleno vergonzoso de la legislatura pasada. No cambia.

Carlos Espino Angulo

Secretario General del PSC de Lanzarote