El Gobierno de Canarias ha desestimado cuatro solicitudes de indemnización a promotores del Plan Parcial Playa Blanca, previo informe del Consejo Consultivo de Canarias. En su dictamen el Consultivo señala que quienes reclaman, dada su actividad, debían conocer los efectos de la Ley de Medidas Urgentes “y la precariedad jurídica de las licencias que se habían concedido”. Así de claro.
Más allá de lo acontecido en los juzgados y en la administración, el relato construido por los infractores y sus gabinetes de comunicación ha pretendido colocar la responsabilidad en el lado contrario. Sesudos opinadores y ágiles informadores sientan cátedra responsabilizando al Cabildo, a sus técnicos, al PSOE y a quien se tercie, de toda una serie de perversiones: estar contra el desarrollo, odiar a los empresarios, hundir a Lanzarote, permitir que se construyera para luego intentar tirar hoteles...
Pues no. Cada vez queda más claro que quienes otorgaron la licencia no cometieron errores administrativos; y que quienes las obtuvieron no eran pobres y confusos empresarios que recibieron su licencia de buena fe y construyeron convencidos de que podían hacerlo.
Ahora, en el colmo de la desfachatez y del cinismo, cuando se les desmonta el entramado, culpabilizan de sus males a quienes han cometido el pecado de defender la norma que entre todos hemos acordado. Ahora, con las licencias anuladas, pretenden que la administración pague (paguemos) el precio de sus desmanes. Ahora quieren convencer, urbi et orbi, de que su problema afecta al interés general, cuando es el problema de unos pocos.
Porque son unos pocos, hay que dejarlo claro. Al recorrer Playa Blanca o Costa Teguise se observa una gran cantidad de parcelas sin construir. Las construidas con licencias ilegales y las no construidas están sometidas a la misma ordenación y están afectadas por las mismas limitaciones. Cabe preguntarse si los que no construyeron eran tontos de necesidad, comparados con los inteligentes que sí lo hicieron. O si, por el contrario, unos respetaron la ley y otros delinquieron. La respuesta es clara.
Por eso resultan importantísimas e indispensables las acciones penales. No solo para que quienes hayan cometido delitos afronten las consecuencias de sus actos, sino para proteger a las propias administraciones de unos desaprensivos que, cuando les pillan con las manos en la masa, todavía tienen la caradura de pedir que les indemnicen.
Carlos Espino Angulo
Secretario general de los Socialistas de Lanzarote