Ariagona González
Nuestro país ya cuenta con nueva Ley de Educación, una ley para el siglo XXI que sustituye a la anterior, aprobada en solitario por el PP y que pretendía mantenernos anclados en el pasado. La LOMLOE, que así se llama, es la octava ley educativa de la democracia y nace con la vocación de durar en el tiempo, a pesar del ruidoso recibimiento que está teniendo por parte de los partidos políticos de derechas y ultraderecha, así como de las patronales de la educación concertada y la diferenciada.
El ruido era de esperar, ya que a ellos no les interesa que se conozcan las mejoras y avances de la nueva Ley de Educación, sino generar confusión a base de falsedades para seguir manteniendo sus privilegios. Pero, frente a las mentiras, las manifestaciones y bocinazos en coches de alta gama y las cortinas de humo, las progresistas debemos responder con serenidad y con argumentos. Así que lo primero que hay que decir es que no peligra la educación concertada y los padres podrán seguir eligiendo; eso sí, en la nueva ley prima la oferta de plazas públicas frente a las concertadas en la programación escolar.
Con la nueva ley, los centros sostenidos con fondos públicos tampoco podrán separar a los niños de las niñas, y parece mentira que estemos corrigiendo esto a estas alturas. No es verdad que corra riesgo la supervivencia de la educación especial, sino que se apuesta por la escuela inclusiva y, con el tiempo, los centros sufrirán una reconversión, ya que existe un amplio acuerdo en torno a la idea de escolarizar a todos estos alumnos en un centro ordinario, siempre que haya recursos suficientes. Tampoco se expulsa a la religión del aula, ya que se mantiene en las escuelas públicas pero con la novedad de que no calificará en las notas, como hasta ahora. Ahora bien, se crea una nueva asignatura de religiones como un conocimiento laico sobre las religiones en la historia.
La nueva ley evita definirse en cuál debe ser la lengua docente en cada autonomía, pero el castellano no corre ningún riesgo ya que, aunque, las competencias en educación están transferidas a las comunidades autónomas, la LOMLOE especifica que las administraciones autonómicas deberán velar por el derecho de recibir enseñanzas de castellano y de la lengua cooficial, como establece la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa vigente. Así que tampoco corre riesgo alguno la lengua castellana, como vociferan los adoradores de las fake news.
Lo único cierto es que la ley recoge las aspiraciones generales de la izquierda progresista en nuestro país porque apuesta por la educación pública, inclusiva, con igualdad de oportunidades para todo el alumnado y da un paso al frente en la renovación de la pedagogía. Esta ley obliga a los docentes a tener presente en el aula la educación afectivo-sexual y la igualdad de género, y la equidad es uno de sus ejes vertebradores, puesto que potencia la etapa de 0 a 3 años, reduce las repeticiones, crea itinerarios flexibles, fomenta el refuerzo educativo y convierte la beca en un derecho subjetivo.
Lo cierto es que la nueva Ley de Educación permite pasar de curso con asignaturas suspendidas y aprobar la ESO o el bachillerato con una materia suspendida, si la nota media del expediente es de 5. Lo cierto es que la ley se ha aprobado en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, y Coalición Canaria votó en contra alineándose junto al bloque ultraconservador. Vayamos aprendiéndonos el nombre, LOMLOE, porque esta es una ley para el siglo XXI y vino para quedarse.
Ariagona González, Diputada Nacional del PSOE y Consejera de Industria y Energía del Cabildo de Lanzarote.