(o como el cumplimiento del Plan Insular de Lanzarote es un problema “formal”)
La declaraciones que el Consejero de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de Canarias, D. Domingo Berriel, hizo a los medios de comunicación este fin de semana a propósito de la situación en que se encuentran los hoteles que la Justicia ha dejado en situación de patente ilegalidad en la isla de Lanzarote, constituyen, por méritos propios, uno de esos casos en que lo escandaloso de la actuación hace del todo inútiles mayores calificativos.
Pero antes de proseguir, conviene no perder de vista el origen de la situación de ilegalidad en la que desde hace meses se encuentran inmersos numerosos establecimientos turísticos en Lanzarote, no vaya a pensar alguien, visto el discurso del Sr. Berriel prescindiendo tan burdamente de los antecedentes del caso, que las licencias de esos hoteles hayan podido desaparecer de la faz de la tierra por la acción de algún inexplicable fenómeno de combustión espontánea.
Lo cierto es que la situación de ilegalidad en que ahora se encuentran 24 establecimientos alojativos de Lanzarote tiene poco que ver con fenómenos extraños y se reduce al descubrimiento y anulación judicial de prácticas manifiestamente ilegales que fueron burdamente utilizadas en nuestra isla para sortear la ordenación insular e imponer al resto de la población el modelo de crecimiento que a algunos empresarios interesaba violentando el modelo de ordenación turística, racional, razonable y sostenible que el PIOT de Lanzarote propugna para nuestra isla desde el año 1991.
Estamos, pues, ante unos complejos cuyas licencias han sido declaradas nulas de pleno derecho por los Tribunales de Justicia en sentencias en su mayoría firmes que han estimado hasta el momento todos los recursos (una treintena) que tanto el Cabildo de Lanzarote como la Fundación César Manrique interpusieron en su día contra los permisos que el Ayuntamiento de Yaiza y el de Teguise concedieron a algunos empresarios turísticos obviando de forma sistemática el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote con total desprecio al Cabildo de Lanzarote (cuyos informes preceptivos no se solicitaron en ningún caso y al que tampoco se comunicaron nunca las licencias concedidas) actuando, lisa y llanamente, como si la norma que está a la cabeza del sistema de ordenación urbanística insular no existiera (de hecho no existió para los ayuntamientos que dieron esas licencias que se han declarado ilegales precisamente por ello).
Tal proceder no fue una casualidad. Si no se solicitó en ninguno de los casos el informe de compatibilidad del proyecto de hotel con el Plan Insular al Cabildo no fue por un “error formal”, sino porque se sabía de antemano que el proyecto que se pretendía edificar era incompatible con el Plan Insular de Lanzarote. Seguramente a D. Domingo Berriel no le contaron estos detalles los señores que tienen las licencias anuladas, pero si en lugar de aventurarse a lanzar declaraciones como las que ha hecho oyendo solo a una parte hubiera tenido la decencia de reunirse con el Cabildo de Lanzarote para conocer cada caso a fondo se habría enterado que en todos los expedientes se ha emitido el Informe de Compatibilidad con el PIOT de esos hoteles y en todos los casos es negativo porque no se ajustan a sus determinaciones.
Si en lugar de irse de comilonas con los empresarios hoteleros y hacer declaraciones como las que hizo a los postres, el Sr. Berriel se hubiera dirigido al Cabildo de Lanzarote para tomar el mínimo conocimiento de la situación de todos esos establecimientos cuyas licencias son ilegales también sabría que cuando los Tribunales anulan las licencias porque no cuentan con informe de compatibilidad con el PIOT no estamos ante la omisión de un “papelito” en el expediente, sino ante la exigencia rotunda del cumplimiento y la observancia del Plan Insular hasta el punto, lógico y cabal, de que si no consta la compatibilidad de la actuación con el planeamiento insular no cabe su desarrollo. Por eso no fue casualidad que en ninguna de esas licencias se solicitara el informe de compatibilidad al Cabildo. Se obviaron porque sabían que era negativo y no querían que constara expresamente en el expediente.
¿Acaso el Plan Insular de Ordenación lo considera el Sr. Berriel una “formalidad” cuyo cumplimiento depende de la solvencia económica de los afectados por actuaciones ilegales? ¿Sabe el Sr. Berriel que en los Juzgados de la jurisdicción penal se está investigando la posible comisión de delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias por la concesión de esas licencias que no solo podrían ser ilegales sino incluso delictivas?
En la génesis del problema no hay casualidades, como tampoco lo fue que en un solo día en el Ayuntamiento de Yaiza –gobernado por CC- se concedieran permisos urbanísticos autorizando miles de camas turísticas cuyos proyectos habían sido presentados unas pocas horas antes (autorizados el mismo día de su presentación sin informes preceptivos, sin autorizaciones previas, con informes municipales negativos); ni tampoco fue una casualidad que cuando no se podían conceder licencias a los complejos turísticos porque ni siquiera cumplían con la normativa de los planes parciales se emitieron por el alcalde de Yaiza certificados de concesión de licencias por silencio para permitir construir por esa vía lo que no se podía autorizar expresamente (que el TSJC en su sentencia de 27-4-2007 denomina literalmente “un conjunto de ilegalidades”); ni tampoco fue una casualidad que se permitiera la construcción de hoteles en suelos que ni siquiera contaban con proyecto de urbanización ni con el instrumento que culminara su ordenación porque no se había aprobado nunca; ni tampoco fue una casualidad que muchas de esas licencias se concedieran violando los acuerdos de suspensión de licencias que tanto el Cabildo como el Parlamento de Canarias dictaron en los años 1998 (Cabildo), 1999 (Cabildo y Gobierno) y 2001 (este último año mediante la Ley 6/2001, de Medidas Urgentes) precisamente para evitar que se edificaran los complejos que yendo en contra de estas prohibiciones básicas finalmente se han construido produciendo como resultado unos hoteles que nunca debieron hacerse.
¿Sabe el Sr. Berriel que el Cabildo de Lanzarote también ha advertido que en el análisis de cada caso en particular también se han detectado patentes infracciones de los propios planes parciales en que se emplazan en forma de excesos de edificabilidad que llegan a doblar la máxima admisible, excesos de ocupación de suelo de mucha intensidad, incumplimiento de los usos asignados a la parcela en el plan parcial, incumplimiento de volúmenes, altura máxima, parcela mínima, invasión de zonas verdes e infracción de retranqueo? ¿Cómo va a legalizar todas esas infracciones?
La mínima responsabilidad exigible a quien ostenta tan alto cargo en una materia tan trascendente y delicada, con sentencias de por medio e investigaciones penales abiertas por esos mismos hechos, no solo imponían más sensatez a la hora de verter declaraciones tan alegres como las que ha hecho el Sr. Berriel, probablemente, desde el desconocimiento más absoluto de los casos concretos, sino que también exigía que antes de lanzarse a la piscina para agradar a sus amigos de los hoteles ilegales hubiera contactado con el Cabildo de Lanzarote que, para colmo, en todo este asunto ha tenido que actuar ante la dejación o inactividad más absoluta de los organismos que preside el Consejero de Medio Ambiente y Política Territorial, que son los que tienen la competencia en estas materias.
Y hablando de organismos presididos por el Sr. Berriel, resulta todavía más triste el proceder del consejero porque con sus declaraciones ha dado pie a que cualquier ciudadano se cuestione la legitimidad de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural que él preside cuando anuncia la ejecución de demoliciones e impone fuertes sanciones como consecuencia de la realización de edificaciones ilegales, dando pie a que también nos preguntemos porqué razón la Agencia que preside el Sr. Berriel (organismo llamado por la Ley a ejercitar las actividades de inspección y sanción en materia medioambiental y de ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística) no ha actuado en ninguno de los casos anulados por la justicia en Lanzarote (y van 24) ni tampoco lo haya hecho en otros casos flagrantes como, por ejemplo, cuando estando el Sr. Consejero de visita en el Cabildo de Lanzarote se conoció la existencia de otra licencia que el Ayuntamiento de Yaiza había otorgado a un promotor para construir 1000 viviendas con 4.580 plazas y 200 locales comerciales en suelo no apto para ello. Mucho asombro y reproche en prensa por parte del Consejero pero, una vez más, ante la dejación de la Agencia de Protección presidida por aquel solo la reacción del Cabildo de Lanzarote frente a tamaña aberración impidió su realización.
Como también ha sido la acción del Cabildo de Lanzarote la que ha impedido la construcción de otras más de 1200 edificaciones en el Plan Parcial Playa Blanca que después de haber sido informado negativamente por los servicios técnicos y jurídicos de la COTMAC (organismo que también preside el Sr. Consejero), advirtiendo precisamente de su extinción como así lo ha denunciado el Cabildo de Lanzarote por activa y por pasiva, habiendo recurrido todos sus actos aplicativos, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural no ha abierto un solo expediente alguno en ninguno de esos casos tolerando con su pasividad el desarrollo de un plan extinguido cuyo proyecto de urbanización también ha sido anulado judicialmente
La sociedad de Lanzarote está perpleja ante las declaraciones del máximo responsable del área de Política Territorial del Gobierno de Canarias porque son de una gravedad sin precedentes y vienen a dar la razón a aquellos que en su día decidieron construir hoteles saltándose el Plan Insular de nuestra isla sabedores, por lo que ahora vemos, de que al final el Gobierno de Coalición Canaria vendría, no a reprobarlos, sino a legalizarlos.
Claro que si tenemos en cuenta que fue el Gobierno de Canarias quien concedió a todos esos hoteles autorizaciones previas de turismo sin analizar si los proyectos que se pretendían ejecutar en Lanzarote cumplían las determinaciones turísticas del Plan Insular (que desde la aprobación de la Ley del Turismo de 1995 ostenta la condición y cometidos de un auténtico plan de ordenación turística insular y supone la concreción y el desarrollo en cada isla de la normativa general común autonómica), incluso se entiende la complicidad con el asunto, porque el Gobierno otorgó esas autorizaciones previas a los hoteles con licencia ilegal aplicando únicamente las determinaciones generales de la legislación autonómica (que, por ejemplo, permitiría abrir al público un complejo de 1 o 2 llaves) con olvido de que los proyectos que de ese modo tan poco ortodoxo autorizaron no se iban a implantar en San Borondón (donde a la hora de autorizar proyectos turísticos sería aplicable únicamente la normativa general autonómica por carecer de ordenación propia de desarrollo) sino en Lanzarote, que cuenta con un Plan Insular de Ordenación que añade diversos requisitos a los generales o comunes autonómicos para la implantación de nueva oferta alojativa (siguiendo el ejemplo citado, en Lanzarote no se admiten complejos de menos de 4 llaves). Y si a ello añadimos que en muchos casos esas autorizaciones las otorgó el Gobierno a posteriori de la concesión de las licencias, cuando la ley exigía que fueran anteriores so pena de nulidad de la licencia, entonces se cierra el círculo.
Así se explica que estos establecimientos y otros muchos que incluso tienen denegada la autorización de apertura turística por parte del Cabildo de Lanzarote sigan funcionando y estén abiertos al público sin autorización sectorial, sin licencia de obras e incluso sin autorización turística alguna porque, encima, lo que se ha construido ni siquiera se corresponde con lo que en su día se autorizó mediante “pértiga” por Turismo al socaire de las autorizaciones que advertían que no se había analizado en las mismas el cumplimiento del PIOT.
Lástima que cuando parecía haberse alcanzado un principio de consenso en la isla para afrontar los procesos de legalización de los establecimientos que se puedan legalizar (que, desde luego, no parece que puedan ser “todos” como aventura tan alegremente el Sr. Berriel) bajo el principio de la primacía y el beneficio para el interés general insular mediante un sistema de compensaciones que resarza en lo posible a la isla de la implantación de planta alojativa incompatible con el PIOT de la que han disfrutado los empresarios con licencias ilegales y hasta con subvenciones de dinero público vuelva a quedar en el aire con actitudes de servilismo político tan claro como el derivado de las declaraciones del Sr. Consejero, tras las cuales sinceramente creo, y lo digo a título individual pero convencido de que conmigo coinciden muchos de mis compañeros de partido, que la única vía que debe seguirse es el judicial, instando la ejecución de las sentencias y el estricto cumplimiento de la ley en todos los casos. Como se hace con cualquier hijo de vecino.