Los socialistas de Lanzarote hemos sufrido dos mociones de censura, una en el Cabildo y otra en el Ayuntamiento de Arrecife, por haber roto el pacto que manteníamos con el PIL.
Un pacto que podría ser cuestionable, por los antecedentes de su líder histórico, pero que se volvió insostenible al producirse la operación Unión. Una actuación judicial que desveló una práctica organizada y extendida de cobro de comisiones ilegales, hasta el punto de que uno de los delitos que se le imputa a los afectados es el de formar parte de una organización para delinquir.
Es con ese PIL con el que Santiago Pérez entiende que se puede pactar. Lo justifica como un movimiento táctico para lograr el mínimo indispensable de votos que permita a Nueva Canarias superar la antidemocrática barrera de los topes electorales que atenaza el mapa electoral canario.
Olvida Santiago Pérez que Román Rodríguez, líder de Nueva Canarias, fue presidente de Canarias precisamente gracias a ese sistema electoral injusto. Que el Román presidente no hizo intento alguno de desmontar la artificial barrera que reserva en exclusiva el Parlamento de Canarias a las tres fuerzas mayoritarias.
Pero lo más que sorprende es esa apuesta decidida por el tacticismo. Ahora, sin el menor pudor, ahora que le interesa a Santiago Pérez, el fin sí justifica los medios. A juicio de Santiago Pérez, mejorar la calidad democrática del sistema electoral canario justifica la alianza con un partido dirigido desde Tenerife II e inmerso en el mayor proceso contra la corrupción que se ha producido en Canarias.
Santiago Pérez se encuentra ante uno de los mayores retos políticos e intelectuales a los que ha hecho frente en su dilatada trayectoria: justificar un pacto que repugna incluso a auténticos referentes de Nueva Canarias, como Antonio Morales. En ese empeño llega incluso a recurrir a las imputaciones a las que estamos sometidos algunos de los que somos, todavía, sus compañeros.
De manera interesada, Santiago Pérez obvia que cualquiera puede resultar imputado, que basta con una denuncia o con una querella mínimamente justificada desde el punto de vista formal.
Todo lo contrario al caso del PIL, en el que se ha detenido a cargos públicos in fraganti, con conversaciones grabadas y con el reconocimiento ante el juez de la veracidad de los hechos contenidos en el sumario. Sin embargo, para Santiago Pérez no existe diferencia alguna y equipara ambas situaciones en la búsqueda de una imposible justificación.
Sin embargo, lo más que me asombra de Santiago Pérez es su capacidad para olvidar que estuvo en Lanzarote, estuvo con nosotros, sus compañeros, apoyándonos con declaraciones públicas cuando sufrimos las indignas mociones de censura a las que antes me refería. Estuvo defendiendo nuestro trabajo, nuestra defensa de la legalidad y acusando duramente a los que se colocaban abiertamente del lado de la corrupción.
Al final, reconociendo los sobrados méritos intelectuales de Santiago Pérez, he de pensar que sus palabras no son más que razones en las que no puede creer, fabricadas ad hoc para justificar lo injustificable. Ello me lleva, a mi pesar, a pensar que pueden más sus comprensible ganas de continuar en lo público que la coherencia que se presume a quien llegó a considerarse albacea exclusivo y único intérprete del pensamiento juanfernandista, ignorando que somos muchos los compañeros y compañeras que hemos defendido la legalidad en todo tipo de circunstancias y tiempos.
Carlos Espino Angulo