Por Marcos Bergaz, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teguise
A sus cuarenta y dos inviernos, ya le toca al menos un lifting. Una operación de rejuvenecimiento que la adapte a los nuevos tiempos. Y es necesario, porque lejos queda aquel 29 de diciembre del 1978, fecha en la que entraba en vigor nuestra Constitución, igual de lejana que la España en blanco negro que pasaba al color de la Democracia.
Con un país, para mejor, diferente que el de hace casi medio siglo, la reforma constitucional parece inevitable. Lo sabe bien el pueblo español, distinto del que fue llamado a las urnas un seis de diciembre, fecha del referéndum sobre un texto constitucional que nacía del acuerdo político, de las renuncias mutuas y de las ganas de libertad, “libertad, libertad, sin ira libertad” que se respiraba en esta España mía, esta España nuestra. Himnos de la transición que, por desgracia, volvieron a resurgir en años de terrorismo, finalmente derrotado con la unión de todos los demócratas.
Un pueblo que actuó como poder constituyente, teniendo la última palabra sobre la propuesta constitucional, como la propia Carta Magna recoge al residenciar en el pueblo español la soberanía nacional, del que emanan los poderes del Estado. Ratificaban entonces un proyecto de Constitución, de país, basado en la ponencia que elaboraran los siete padres —hoy impensable la ausencia de madres constituyentes—, cada uno con su sensibilidad política y propio pasado, pero que aunaron esfuerzos por superar las diferencias. Y lo consiguieron.
Así lo creyeron los más de diecisiete millones de electores que acudieron a las urnas. Votaron a favor un 91,81 %, y tanto unos como otros, los mayoritarios del Sí, la minoría del NO, entendieron aquello de “tu voto es tu fuerza. Contra nadie, a favor de todos. Un voto vale más que mil gritos” y permitieron que viera la luz una Constitución que se erigía en la séptima, desde la famosa Pepa de las Cortes de Cádiz de 1812. Una Constitución de 169 artículos, con sus disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, y un breve preámbulo liderado por el profesor Tierno Galván, donde se respiraba las ansias de cambio, con proclamas a la justicia, la libertad, la convivencia democrática, los derechos humanos, la solidaridad o la cultura.
Hoy, una amplísima mayoría social, más del 70 % de los más de cuarenta y siete millones de españoles, no participamos ni en el referéndum, ni en una transición histórica y milagrosa diría yo —cosas de pertenecer a la cosecha del 78, seguro—. Más me lo parece en tiempos de confrontación política, donde los decibelios y el disenso han provocado que la política sea vista como uno de los principales problemas por los españoles, así lo constata la última encuesta del CIS.
Un ambiente, junto con esta pandemia, que dificulta la revisión profunda que algunos quisiéramos, pero que conllevaría la propia disolución de las Cortes y unas nuevas elecciones, lo que considero inoportuno en este momento. Una revisión dirigida a afrontar cuestiones como el modelo de Estado; el famoso título VIII de la organización territorial, aclarando el reparto competencial entre Estado y Comunidades Autónomas; la conversión de determinados principios rectores de la política social y económica —derecho a la vivienda por ejemplo— en verdaderos derechos fundamentales con la máxima protección y amparo; la inclusión de los llamados derechos fundamentales de cuarta generación, como el acceso a la informática y la sociedad de la información; amén de otras cuestiones, como la reforma de la Cámara Alta, nuestro Senado, siempre susceptible de debate en un proceso donde la negociación y el acuerdo deben imperar.
Sin embargo, en la actual coyuntura, más factible parecen unos cambios menos ambiciosos, un lifting constitucional que no exigiría nuevas elecciones en tiempos de necesaria estabilidad institucional. Unos retoques, a la espera de mejores tiempos para la lírica del consenso, que eliminen del texto algunas arrugas y la ajusten a la realidad, con una nueva redacción “más social” del famoso 135; la inclusión de las Comunidades Autónomas en el enunciado constitucional o la referencia a la Unión Europea, sin la cual no se entiende ni España ni Europa hoy.
Para ello, en su artículo 167 se recoge el procedimiento de reforma ordinaria, pero no encontraremos en sus tres apartados el sentido de Estado, la altura de miras y responsabilidad de la que debemos participar unos y otros para mejorar nuestra norma suprema. Eso, corre de nuestra cuenta.
Marcos Bergaz, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teguise.