El Partido Popular no cree en lo público. Los últimos ataques de Soria, soeces y chulescos, al conjunto de los funcionarios de Canarias ponen de manifiesto que en los genes políticos de la derecha española anida un profundo desprecio a todo lo relacionado con el sector público, sin distinción visible entre personas, empresas, instituciones u organismos. En la misma línea, la visión catastrofista de la dirigente conservadora de Lanzarote, Astrid Pérez, sobre la situación actual de los Centros Turísticos, esconde dos objetivos diabólicos: por un lado, agredir a los socialistas en la persona de su secretario general insular y ex consejero de los CACT´s, Carlos Espino, y por el otro, preparar el terreno para lo que la derecha denomina eufemísticamente "gestión indirecta" y que no es otra cosa que una futura, dura y brutal privatización de un sector absolutamente estratégico para la economía insular.
Nada nuevo. La llegada del PP al gobierno de España en el año 2000 implicó un vergonzante proceso de privatizaciones de empresas públicas rentables que Aznar cedió graciosamente a amigos y parientes, mientras que en la Comunidad de Madrid los trabajadores de los hospitales públicos deambulan por los pasillos sin nada que hacer, en tanto que su trabajo lo desarrolla el personal de empresas privadas a las que Esperanza Aguirre ha otorgado concesiones laborales y la calidad de la atención hospitalaria se derrumba hacia niveles cercanos al tercermundismo. Algo similar sucede en la sanidad canaria, controlada por el PP, con largas y desesperantes listas de espera, carencias en especialidades médicas, centros de salud desbordados y con los dirigentes de la derecha explicando que los servicios no son económicamente rentables al tiempo que Soria resta recursos para la salud pública en los presupuestos autonómicos.
Se trata de visiones políticas diferentes, de modelos de gestión contrapuestos. El PP parte de la base de que los funcionarios son un lastre, unos individuos que se piden bajas laborales "para ir de paseo a la playa", según Soria. Para el PP, los trabajadores de los Centros Turísticos son los culpables de la pérdida de ingresos, son los responsables del descenso en las visitas de los turistas y a ellos debe achacarse que las tiendas de los CACT´s vendan menos artículos. No existen modelos similares en el planeta a la desregulación y nulo control público que propone la derecha española, si exceptuamos el "sálvese quien pueda" de la Rusia de Yeltsin y el inhumano sistema de atención social de los EE.UU. antes de Obama. El PP tiene identificado a su particular demonio: lo público.
La posible llegada del PP a los gobiernos de las instituciones de Lanzarote debe ser estrechamente vigilada por los que defendemos la existencia de organizaciones públicas potentes, democráticas y sometidas al control ciudadano. Amenazan con desmantelar todo lo que no ofrezca rentabilidad económica, y en ese grupo incluyen la sanidad pública, la educación pública, el transporte público y todo lo relacionado con este calificativo. Desde esta perspectiva, el PP sigue siendo un peligro social, y cuentan para concretar su estrategia con la colaboración de un poderoso lobby inmobiliario-especulativo que no dudará a la hora de ofrecer su apoyo moral y mediático. Son un peligro.