Canarias es la comunidad autónoma que lidera en solicitudes de registro revocadas
El PSOE de Lanzarote ha celebrado la retirada de cerca de 9.000 viviendas turísticas ilegales en Canarias, una medida impulsada por el Gobierno de España que, según los socialistas, “devuelve la esperanza a miles de jóvenes y familias que no podían acceder a un alquiler” y responde a una necesidad urgente de la ciudadanía.
La secretaria general del PSOE de Lanzarote y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, ha subrayado que esta actuación demuestra que “sí se puede actuar contra el fraude y la especulación que han convertido la vivienda en un lujo para muchas familias trabajadoras”.
“Frente a la inacción del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Lanzarote, ha tenido que ser el Gobierno socialista de España quien dé el paso, porque sin hogares asequibles no hay futuro posible para esta tierra”, afirmó.
Corujo recordó que Coalición Canaria, Partido Popular y Vox votaron en contra del registro único de viviendas vacacionales, una herramienta clave para luchar contra el fraude y controlar el impacto del alquiler turístico en el mercado residencial. “Les encanta declarar emergencias, pero luego no son capaces de articular medidas reales para solventar las crisis que afectan a la población”, denunció.
La dirigente socialista destacó además que Canarias es la comunidad autónoma que lidera en solicitudes de registro revocadas, con un total de 8.705 expedientes anulados, muy por encima de otras regiones turísticas del país. “Este dato refleja la magnitud del problema que sufrimos en las islas y la necesidad de actuar con firmeza para garantizar el derecho a la vivienda”, apuntó.
Corujo también advirtió de que el simple anuncio de una futura Ley de Vivienda Vacacional, que ni siquiera ha entrado en vigor, ha provocado un efecto llamada, disparando el número de Viviendas Vacacionales en más de un 82% en Canarias. “Esa irresponsabilidad ha tenido consecuencias dramáticas para la gente de nuestras islas”, añadió.
Desde el PSOE de Lanzarote insisten en que es imprescindible aplicar la legislación vigente y frenar la proliferación de viviendas turísticas ilegales para proteger el derecho a la vivienda. “Sin hogares dignos y accesibles, no hay manera de construir un proyecto de vida, ni de garantizar el arraigo de nuestra gente en su propia tierra”, concluyó Corujo.