Este correo ha sido enviado a los usuarios con los siguientes perfiles: editor, Medio de prensa
Olivia Cedrés recrimina a la consejera que el Gobierno que se dice de las personas “arrodille ante él a los ayuntamientos, las administraciones que están más cerca de los vecinos afectados”
El PSC-PSOE, a través de su portavoz de Asuntos Sociales, Olivia Cedrés, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para que se devuelva a los ayuntamientos el dinero que han destinado a ayudas de emergencia social en el año 2007, cantidad que tuvieron que desembolsar ante “la caótica gestión” desarrollada por la Consejería en la puesta en marcha de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) “que dejó a miles de canarios en situación de necesidad económica”.
Cedrés recuerda que “la incompetencia manifiesta y probada a diario de la consejera de Bienestar Social ha supuesto una sangría en las arcas municipales que se nutren de los impuestos de los vecinos de la zona. “Ante la ineficacia y el estado de indefensión y abandono al que se vieron sometidas las personas con escasos ingresos, los ayuntamientos tuvieron que triplicar en algunos casos el número de ayudas de emergencia”, apuntó la parlamentaria.
La diputada añade que en el año 2006 un total de 4.880 canarios recibieron por parte del Gobierno regional ayudas económicas básicas; en el año 2007, en los seis primeros meses, sólo se concedieron 987 y tras la entrada en vigor de la PCI y posteriormente hasta diciembre sólo seis. Es decir, 3.887 perceptores menos que en el año 2006. “Si todos los indicadores apuntan hacia el aumento de situaciones de pobreza, cómo se puede permitir el lujo el Gobierno canario de bajar el número de prestaciones y dejar ocho millones de euros sin gastar”, se iterroga la diputada.
Un Gobierno que dice que lo que le preocupa son las personas “arrodilla ante ellos a las administraciones locales más cercanas al ciudadano y además, los culpa porque alegan que los municipios tienen competencias para paliar este tipo de situaciones. Es cierto que existe competencia municipal para las prestaciones básicas pero nunca puede ser un argumento para negar derechos, tapar el fracaso en la gestión de materias tan sensibles y que sí afectan a las personas”.