El PSC-PSOE, a través de su portavoz de Industria, Francisca Luengo, denuncia que el segundo concurso eólico “se encuentra en un callejón legal sin salida por la arbitrariedad del Gobierno al aplicar las bases que ya ha hecho que las empresas acudan a la Justicia”.

Luengo explica que “el Gobierno sólo podrá admitir los recursos presentados por las empresas que se consideran perjudicadas por la adjudicación si previamente revisa de oficio las ya efectuadas, lo que necesita de un procedimiento específico dentro de la Administración tiene que ser ratificado por la Sala de lo Contencioso, arriesgándose así a la posible responsabilidad patrimonial a favor de dichas empresas adjudicatarias. Si por el contrario los desestima, no impedirá la acción emprendida por las empresas excluidas que culminarán este mes en los tribunales”.

La diputada señala que los recursos se han interpuesto porque “la comisión de valoración ha sido nombrada con criterios políticos, y por tanto, es una comisión parcial. Si querían actuar con tanta transparencia y objetividad tenían que haber permitido la entrada en la comisión a los promotores, a los representantes de los colegios profesionales o a los sindicatos, aunque fuera en calidad de meros observadores”.

Luengo entiende que “estamos ante un nuevo desastre que deja a Canarias a la cola en la utilización de las energías alternativas. Ha habido una interpretación arbitraria de ciertas bases en varios aspectos; por ejemplo: en relación a la distancia entre generadores, el problema radica en que se ha utilizado una herramienta que no estaba prevista en las bases y por esta razón parques que cumplían las bases, resulta que por no aplicar dicha herramienta han sido excluidos”.

En cuanto a las áreas de sensibilidad eólica, Luengo reprocha al viceconsejero que en su momento publicó esta resolución como director general de Energía, admitiendo la compatibilidad entre las áreas de dos parques si en la afección no existía ningún aerogenerador. Luengo se pregunta “cómo es posible entender que después de publicada el 29 de junio de 2007, se olvide de ella y con una interpretación distinta excluya los proyectos redactados conforme a dicha directriz. Es inadmisible que la misma persona diga una cosa y su contraria, incumpliendo la norma ahora que es presidente de la comisión encargada de las adjudicaciones”.

 Advierte que “si mantiene que el criterio adoptado es el correcto no se instalará ningún parque en la mancomunidad del sureste de Gran Canaria. Le recuerdo que ya han anunciado la solicitud de un informe jurídico los alcaldes de la zona para estar preparados en caso de que se siga el mismo criterio aplicado en Lanzarote, La palma y La Gomera y que provocaría la exclusión de los 76 proyectos presentados por la mancomunidad”.

“Parece –añade- que a este Gobierno le da lo mismo lo que pueda ocurrir en los tribunales con el segundo concurso eólico porque, de hecho, ya dicen que las impugnaciones presentadas hasta ahora en algunas islas son algo normal. Esto demuestra que para este Gobierno estar permanentemente esperando sentencias en su contra se ha convertido en algo cotidiano”.

En relación con los puntos de enganche, la portavoz socialista de Industria afirma que “nada está previsto en las bases y como nada nos ha dicho al respecto, nos podemos encontrar con los parques instalados pero sin la infraestructura necesaria para transportar la energía. Y cabe recordar que esta Consejería ya tiene graves antecedentes con los consumos asociados, donde el punto de enganche ofrecido está muy alejado del lugar del consumo”.

Luengo reprocha al Gobierno que el concurso estuviese paralizado un año por falta de personal; “hasta el mes de agosto de 2008 no se inició la petición de documentación a las empresas. Estamos ante una ausencia total de previsión y de organización para abordar el concurso, con cerca de 570 proyectos presentados, y por esto lleva dos años sin resolverse”.

Por último, la estrategia del Gobierno de “trocear el concurso eólico no ha sido para conseguir mayor eficacia en la resolución del mismo, sino para desmenuzar los escándalos y que parezcan menos. Es la segunda vez que presenciamos concesiones eólicas arbitrarias, lo que supone un perjuicio imperdonable para Canarias”.

Por ello, les exige que “por encima de la defensa que se hace de sus actuaciones debería estar la lucha por el interés general; les recuerdo que los recursos existen y que son muchos en relación con la poca potencia adjudicada y que los han interpuesto las empresas que se han sentido perjudicadas y en modo alguno han sido inventados por el PSC-PSOE”.