José Montelongo critica al Partido Popular, “que a nivel nacional vende medidas anticorrupción y en Lanzarote sitúa a dos sospechosos de cohecho y asociación ilícita como llave en la toma de decisiones”
El Comité Local de los Socialistas de Arrecife, reunido en la tarde de ayer, calificó de “peligroso chantaje” el que ejercen sobre el nuevo grupo de Gobierno los concejales del PIL, José Miguel Rodríguez y Ubaldo Becerra, imputados por corrupción en el caso Unión.
Según recordó el secretario general de los Socialistas de Arrecife, José Montelongo, la dilación en la firma del documento de la censura ha sido consecuencia de las exigencias de los dos ediles imputados. “No nos extrañaría que desde que tome posesión el nuevo equipo de Gobierno, cada decisión sea mediatizada por estas dos personas, atendiendo a sus intereses; porque, si bien es cierto que inicialmente no tendrán responsabilidades de gestión, su voto va a ser necesario para sacar adelante todos los asuntos que se lleven a Pleno”.
Asimismo, Montelongo ha criticado al Partido Popular, “cuyo líder nacional, Mariano Rajoy, vende medidas anticorrupción a lo largo y ancho del territorio nacional mientras que en Lanzarote sitúa a dos sospechosos de cohecho y asociación ilícita como llave de la gestión municipal”.
“Es sorprendente que el diputado nacional, Cándido Reguera, aproveche la presencia de su presidente en Fuerteventura hace unos días para convencerle del interés de acceder al poder con el apoyo de los dos imputados”, declara Montelongo.
En cualquier caso, los Socialistas de Arrecife han manifestado que extremarán las medidas de control sobre la actuación de Cándido Reguera y su equipo de Gobierno, “para evitar que se repitan casos como el de la desaparición de la ayuda humanitaria del Kilo Solidario o el pago de facturas por trabajos nunca realizados”.
“Las decisiones de dudosa legalidad tomadas por el PIL durante los dos primeros años de mandato en la capital, tanto las que han generado el caso Unión como las que hemos detectado después y que han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía, nos provocan dudas más que razonables sobre su gestión pública a partir de la fecha”, añade.