El consejero socialista ha solicitado en tres ocasiones las pruebas documentales de las acusaciones de irregularidades lanzadas por la presidenta insular del PP, sin obtener respuesta
El secretario general de los Socialistas de Lanzarote y consejero del Cabildo, Carlos Espino, interpondrá acciones legales contra la presidenta insular del Partido Popular y consejera delegada de los CACT, Astrid Pérez, por ocultación de documentación.
Desde el pasado mes de enero y hasta la fecha, Espino ha solicitado de manera oficial sin resultado alguno, tres escritos de solicitud de la documentación referente a las graves acusaciones lanzadas por Pérez en relación con su etapa como gestor de la empresa pública.
“Inicialmente entendí la ocultación de información como una muestra más de la mala fe de la consejera, que dificultaba así mi defensa ante la opinión pública. Sin embargo, a día de hoy no puedo dejar de sospechar que en este tiempo se haya intentado manipular los expedientes o hacer desaparecer determinados documentos para justificar las acusaciones”, señaló en rueda de prensa el socialista.
Espino destacó, “entre las medias verdades o directamente falsedades” lanzadas por la presidenta del Partido Popular, el supuesto mandato del Consejo de Administración para la interposición de la querella contra su persona. “Lo cierto es que en aquel Consejo de Administración la Fundación César Manrique y los empresarios turísticos no comparecieron y el Comité de Empresa se abstuvo, al no disponer de informes jurídicos o técnicos que avalaran las acusaciones”, dijo.
En este sentido, criticó que el respaldo de CC, PIL, PNL y PP fue “político, voluntarista y arbitrario”, pues se ratificó la propuesta de Pérez de acudir a los Tribunales sin ningún sustento documental.
El secretario general de los Socialistas de Lanzarote manifestó que si la intención de la demanda judicial es equiparar al PSOE con otras fuerzas cuestionadas por la Ley, será un completo fracaso. “El Partido Socialista no va a reducir un ápice el nivel de crítica ni la denuncia a situaciones como la del Ayuntamiento de Arrecife, con un alcalde rehén del PIL y de sus concejales acusados de corrupción”.