Fecha: 28/11/10
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Los integrantes del Consorcio de Seguridad y Emergencias rechazaron por cuarta vez consecutiva el Presupuesto de la entidad para 2010. El organismo se mantiene con las Cuentas prorrogadas del 2009, lo que impide cualquier inversión o adquisición del material necesario para el desempeño de sus funciones.
En el curso de la reunión mantenida el pasado viernes, votaron en contra de los Presupuestos los ayuntamientos de Haría, Teguise, Tías y San Bartolomé, mientras que el Gobierno de Canarias se abstuvo.
El consistorio de Tinajo, que no se presentó, ha votado en contra en las tres sesiones precedentes. Sólo Yaiza y Arrecife respaldaron las Cuentas diseñadas por el consejero Francisco Guzmán (PNL).
Entre los asuntos más polémicos destacan la propuesta de creación de plazas, -entre ellas la de un coordinador que quedaría fijo en plantilla- y la prórroga del contrato del gerente por tres años. Los ayuntamientos aducen falta de liquidez para afrontar estos gastos y defienden la prórroga del cargo del directivo por un año.
El Consorcio está integrado por el Cabildo, con un 50% de representación; el Gobierno de Canarias, con un 20% y los municipios, con un 30%. Según sus estatutos, el Presupuesto debe ser aprobado por unanimidad, por lo que una sola abstención o la ausencia de un miembro impiden su aprobación.
Según ha declarado el representante socialista en la entidad, Joaquín Cabarallo, “es increíble que en diez meses, Francisco Guzmán haya sido incapaz de consensuar las Cuentas”.
“Es inevitable preguntarse cómo el presidente San Ginés mantiene al frente del Consorcio a una persona que ha demostrado carecer de capacidad de consenso. Recordemos que le votan en contra incluso ayuntamientos de gobierno nacionalista, como Tinajo, Haría o Teguise o el propio Ejecutivo regional”, señala Caraballo.
A su juicio, “si la actual situación se dilata en el tiempo, el presidente, que es último responsable del Consorcio, estará poniendo en riesgo la viabilidad de los servicios de Emergencia en la isla y por tanto, la seguridad ciudadana”.