Según los socialistas, “el secuestro de la basura impedirá un acuerdo amistoso y generará pleitos y movilizaciones de los trabajadores”

El grupo socialista de Teguise ha mostrado su disconformidad con la decisión del grupo de Gobierno de la Villa de declarar nulo el contrato con la empresa Insercorsa y proceder al secuestro del servicio de recogida de los residuos sólidos en Costa Teguise.

Los concejales del PSOE proponen como alternativa la disolución de la Unión para la Conservación de Costa Teguise (UCCT), actual responsable de estas funciones y del mantenimiento de los jardines y espacios públicos y la contratación de una empresa, a través de un concurso público.

Según recordó en su intervención la edil Lourdes Cabrera, un acuerdo plenario de marzo de 2007 acordaba la disolución de la UCCT, tras confirmar un informe técnico de la jurista municipal la viabilidad del proceso y constatarse que el denominado Plan de Etapas de la Urbanización de Costa Teguise se dio por concluido vía Pleno en octubre de 1987.

“Escuchen a los vecinos y a las vecinas de Costa Teguise, que reclaman a esta institución estar en pie de igualdad con el resto de habitantes del municipio; eviten la incertidumbre del futuro a la plantilla de Insercorsa y las amenazas de nuevas movilizaciones a los residentes en la urbanización”, pidió Cabrera.

También recordó la constante improvisación del alcalde, Oswaldo Betancort, “quien primero dice que va a mancomunar los servicios; después, que no entiende el municipio en dos partes; luego, que va a secuestrar un contrato que no es nuestro; a continuación, que va intermediar entre las dos empresas... Y llega hoy con un informe a la carta que asegura que el contrato es nulo”.

Según argumentó, mientras que la UCCT está al día en sus pagos a la empresa, no ocurre igual con el ayuntamiento, que debe a la Unión para la Conservación de Costa Teguise 450.000 euros, “convirtiendo la labor de mantenimiento de Costa Teguise en estos momentos en una tarea imposible de realizar”.

Por otra parte, los socialistas criticaron que tanto el informe como la propuesta de anulación del contrato “se trasladen a la oposición a última hora y sin tiempo para estudiar las posibles consecuencias jurídicas”.

Asimismo, los ediles del PSOE preguntaron por las razones para la contratación de un informe jurídico externo “cuando el ayuntamiento dispone en plantilla de técnicos con capacidad para realizar este tipo de trabajos” y el costo del encargo, cuestiones que el alcalde declinó responder.