El PSOE acusa a San Ginés de ocultar informes jurídicos

El PSOE acusa a San Ginés de ocultar informes jurídicos

Emma Cabrera: “Es intolerable que el presidente censure y decida sobre los informes a los que pueden acceder los consejeros de la institución”

El Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote ha vuelto a solicitar al secretario de la Corporación que le haga entrega de los informes emitidos por juristas de la primera Institución con relación a la valoración pericial rubricada por una funcionaria del departamento de Política Territorial a petición de la instructora del conocido como Caso Stratvs.

Esta petición se realiza como ampliación de otra, efectuada la pasada semana, que fue respondida por el secretario cabildicio con indicación expresa de las órdenes recibidas al respecto -Siguiendo instrucciones del Presidente”- y a la cual se acompañaba un sólo informe.

El PSOE ha tenido conocimiento de que existen al menos dos documentos más y ha solicitado con carácter urgente la entrega de los mismos.

Según los socialistas, ambos informes, suscritos por el director insular de Ordenación, Miguel Ángel Santana y por el jefe de la Oficina del Plan Insular, Leopoldo Díaz, obran en poder del presidente, con conocimiento del secretario, antes de la celebración del último Pleno, sin que la Oposición tuviera conocimiento.

Según la portavoz socialista, Enma Cabrera,“el contenido de estas nuevas valoraciones puede condicionar la posición de los grupos políticos sobre el Plan Especial de la Geria. es más, habría sido fundamental haberlos conocido antes de las explicaciones de San Ginés sobre su arremetida contra el fiscal del caso, pues pudieran alumbrar hasta qué punto la defensa del presidente de la honorabilidad de los técnicos varía en función del aprecio hacia sus informes”.

La consejera ha tachado de intolerable que el presidente indique al secretario cuáles son los informes a los que pueden acceder los consejeros de la institución, “algo que en la práctica supone ocultar informes jurídicos y por tanto, censurar una información que debe ser pública para el correcto ejercicio de fiscalización de la oposición.

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