La rotunda negativa de la Presidenta del Cabildo a desplazarse a Las Palmas para asisitir a la reunión convocada por Domingo Berriel, no puede interpretarse, a la ligera o de manera malintencionada, como un desplante. Al contrario, aunque me temo que el Consejero no lo pueda o quiera entender, es una afirmación de respeto a las formas y al fondo, al fuero y al uebo.
El Gobierno de Canarias, que por competencias sectoriales pudo parar desde su inicio el disparate de la construcción de los hoteles ilegales, ha renunciado de manera expresa a defender la ordenación que él mismo aprueba. No se puede olvidar que el PIOL y la Moratoria, son dos instrumentos de planeamiento que el Cabildo promueve hasta su aprobación definitiva, en manos del Gobierno de Canarias.
La inactividad del Gobierno forzó a que el Cabildo, utilizando la vía contenciosa, como cualquier particular, defendiera prácticamente en solitario, con el único concurso de la Fundación César Manrique, la ordenación que entre todos nos hemos dado. El Cabildo hubo de soportar auténticas campañas de presión y desprestigio que pretendían convertir lo que ha sido una estrategia deliberada para saltarse la legalidad, en un choque entre administraciones, un exceso de celo, o una persecución política
Por tanto, el panorama judicial, con sentencias firmes avalando la posición sostenida por el Cabildo a pesar de la inactividad, la más que sospechosa inactividad del Gobierno de Canarias, convierte a la primera institución insular en protagonista del proceso de legalización que ahora se inicia.
Un proceso de regularización que como resultado puede producir la legalización total o parcial de lo construido o provocar la demolición, en caso de que no fuera posible la legalización. Sencillo. Por tanto y como, según Berriel, sólo falta un papelito y sólo son aspectos formales, los propietarios de los hoteles ilegales lo tienen fácil: van al ayuntamiento y, sin necesidad de hablar o pedir favores al alcalde de rigor, presentan el expediente en registro, pagan las tasas y a esperar, que en unos meses, como a cualquier vecino, le entregan la licencia.
A no ser, y ese es el caso, que existan informes de incompatibilidad con el Plan Insular. A no ser, y también es el caso, que se infrinja la Ley de Turismo. A no ser, y vuelve a ser el caso, que ni siquiera se haya respetado el Plan Parcial ocupando más superficie, superando el volumen, construyendo más camas, consumiendo zonas verdes...
En esas circunstancias no basta con presentar el proyecto y esperar. En esas circunstancias, todos los lanzaroteños habremos de convenir introducier cambios en el PIOL hechos a la medida de los infractores. Con una dificultad, que los señores que dictaron la sentencia, o cualquier particular, podrá denunciar esos hipotéticos cambios de planeamiento, toda vez que se llevarían a cabo para dar respuesta a una ilegalidad o, cuando menos, a una necesidad particular, obviando el interés general.
La respuesta Berriel la tiene lista. En la peor tradición del uso indecente de escudos humanos, agitará ante las narices de todos los que le cuestionen el supuesto interés general de conservar los puestos de trabajo. ¿Qué puestos de trabajo? ¿Los de contratos de seis meses a 600 euros y con doble jornada? ¿Dónde estaba Berriel cuándo la proliferación de camas ilegales tiró los precios y destruyó empleo de calidad en las zonas turísticas consolidadas? Berriel no defiende los puestos de trabajo, defiende los algodonales de los propietarios de esclavos. Defiende el olivar de los señoritos. Defiende a los Santana Cazorla, a los que tienen su móvil grabado, a los que le pueden llamar diciendo ¿qué hay de lo mío? Siempre los mismos, parapetados tras el interés general, encuentran acogida en el gobierno de canarias a su ambición desmedida.
Decían los latinos dura lex, sed lex . Dice Domingo Berriel la ley es dura, pero es la ley...dependiendo a quien coja por delante. Persigue con la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, y bien hecho está, a los propietarios de vivenda en suelo rústico, a las pequeñas naves fuera de suelo industrial, al que ha levantado un muro sin permiso. Y repito que bien hecho está, es la Ley que ha prometido defender al tomar posesión como Consejero. Pero esa misma Ley, le guste o no, es la que afecta a los titulares de licencias anuladas. La aplicación de la Ley admite graduación, exige análisis, pero no puede quedar sometida a cuestiones de oportunidad político-empresarial.
Es esa diferente valoración la cuestión de fondo que separa en este momento a Berriel de aquellos que, desde el principio, se han tomado en serio la defensa de la ordenación que entre todos nos hemos dado. En cuanto a las formas, es una auténtica impertinencia que después de la ausencia, sospecha ausencia, de Berriel mientras se libraba la batalla judicial, aparezca ahora como una especie de supermediador pretendiendo sentar en plan de igualdad, bajo su benévola mirada, a los infractores y a los que han defendido el cumplimiento de la Ley.
Las formas son importantes. La población de Lanzarote tiene derecho a comtemplar que su Cabildo acoge a los técnicos y políticos del Gobierno de Canarias, los cuales habrán de venir en primer lugar a informarse de los motivos de anulación para, posteriormente y bajo la dirección del Cabildo, acometer el proceso de cambios normativos que, entre todos, decidamos asumir. Por tanto, no es indiferente quién convoca, cuándo convoca, a quién convoca y dónde convoca.
Claro que el manejo adecuado y sensato de los tiempos choca con las urgencias de Berriel y del Gobierno de Canarias. El tiempo se les acorta una vez que la Unión Europea ha pedido información sobre los fondos con que se financiaron esos hoteles. Será dificil que encuentren una justificación, no sólo por las licencias anuladas, sino porque el Gobierno de Canarias informó favorablemente, partiendo de la base de que Playa Blanca era una zona deprimida.
Por último, habrá de verse que tratamiento se le da a los que son reincidentes, por más que pinten de rosa su infracción.