Son muchas las fases por las que ha atravesado la ya larga batalla librada desde el Cabildo de Lanzarote en defensa de su modelo de ordenación.
Al conflicto abierto con las instalaciones turísticas con licencias anuladas han de unírsele los dos episodios referidos a permisos concedidos por el ex alcalde de Yaiza para la construcción de viviendas en suelos que, a juicio del Cabildo, no son urbanos.
Uno de estos casos, el del extinto Plan Parcial Playa Blanca, ha provocado en estos días una auténtica conmoción en la sociedad lanzaroteña. Un grupo de promotores afectados por órdenes judiciales de paralización cautelar, que han detenido la construcción de miles de viviendas, ha solicitado el cierre de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. Para que se entienda: piden la clausura de las Montañas del Fuego, los Jameos del Agua, la Cueva de los Verdes, el Mirador del Río, el Monumento al Campesino, el Jardín de Cactus y el Museo Internacional de Arte Contemporáneo Castillo de San José.
Esgrimen que los Centros carecen de licencia de apertura municipal. Cierto, pero a medias. Porque la práctica totalidad dispone de licencias turísticas o de permisos de puesta en marcha tramitados en la época de su creación.
Efectivamente, el Cabildo debía haber gestionado nuevas licencias a lo largo de estos años, obligación que asumí junto a la responsabilidad de dirigir los Centros. En estos momentos, la totalidad de los ayuntamientos con instalaciones de la Red en sus territorios dispone de los proyectos pertinentes y los expedientes municipales están muy avanzados.
Como Administración hemos de reconocer nuestra responsabilidad en la dilación del trámite. A lo largo de las próximas semanas culminaremos este proceso.
Reconocida la posición del Cabildo, toca ahora pronunciarse sobre la acción emprendida por este grupo de empresarios.
Hemos sido testigos de algo que nunca debió producirse. Asistimos atónitos a un episodio de excepcional virulencia en la carrera hacia ninguna parte que algunos han emprendido.
Un grupo, un grupete, una banda de infractores, pretende tomar como rehenes a los Centros Turísticos en su enfrentamiento con la Administración.
En la mejor tradición de los clanes mafiosos y de los delincuentes desesperados, tal vez por su condición de eurodependientes, un grupo de especuladores, a los que me niego a llamar empresarios, trata de golpear a esta sociedad en uno de sus símbolos más reconocibles: los Centros de Arte y Cultura del Cabildo de Lanzarote.
Ante esta situación, sólo cabe destacar de manera que no admita confusión que se acabó, que hasta aquí hemos llegado, que no nos vamos a plegar a un chantaje obsceno y despreciable.
Con los Centros no se juega, con la Ley tampoco. Así como la ordenación es susceptible de ser negociada entre todos los actores, la aplicación de la Ley no se negocia. No vamos a transigir, no nos vamos a doblegar ante presiones ni chantajes.
Insisto, por tanto en el firme compromiso de no admitir este tipo de chantajes y manifestar el mayor de los desprecios, la mayor de las repulsas por un comportamiento indigno y repugnante propio de delincuentes.
No obstante, cabría señalar en descargo de estos siniestros personajes que toda la culpa no es suya, que tal vez han sido malcriados, mal acostumbrados por algunos gestores de lo público en exceso complacientes.
Esta banda repugnante ha estado protegida hasta el momento por algunos voceros en régimen de compra o alquiler. Esta cuadrilla de infractores ha gozado, incluso, del amparo de algunos grupos que se comportan como brazo político de los auténticos terroristas del suelo. Esta caterva ha pedido de manera reiterada silencio cuando se ha hablado de sus infracciones: “que no se publicite la imagen negativa de Lanzarote”.
Ahora se ve claramente cuánto les importa Lanzarote y su imagen. Ahora ponen en riesgo el principal patrimonio colectivo de la sociedad insular en una insensata pretensión de doblegar a las instituciones.
Hasta aquí. Han dejado claro que esto ya no es, ni siquiera, un problema de legalidad. Es algo mucho más importante. Es un problema de legitimidad: O gobiernan las instituciones o gobiernan las camarillas de los señores del suelo, sus voceros de alquiler y sus partidos afines.
Sólo puede haber un desenlace.