El entrañable y respetado colectivo saharaui de Lanzarote, y por extensión todos los saharauis que residen en Canarias, no deberían permitir la utilización abyecta e interesada que están haciendo en los últimos días los dirigentes de Coalición Canaria y del Partido Popular, aprovechándose de forma mezquina de la situación por la que atraviesa la activista Aminatou Haidar.
Es obsceno, casi pornográfico, escuchar los lamentos y las insidias de ciertos dirigentes de ambas fuerzas políticas contra la actuación del Gobierno de España en este asunto. De improviso, sin previo aviso, CC y PP se han colocado a la vanguardia de los defensores de la causa saharaui, obviando que su gobierno, el Gobierno de Canarias, formado por CC y PP, lleva décadas promoviendo empresas y negocios conjuntos con el amigo marroquí en lo que ellos denominan "las provincias del sur de Marruecos", esto es, en los territorios ocupados del Sahara Occidental.
Paulino y Soria animan continuamente a los empresarios canarios a invertir en Marruecos sin distinguir fronteras, sin aludir a luchas de liberación y sin defender consultas por la independencia. El PP canario es profunda y servilmente promarroquí, mientras que en esa extraña amalgama desprovista de cualquir ideología reconocible que algunos denominan CC, conviven de manera promiscua los defensores de la RASD junto a los inmobiliarios de ATI, que reclaman una solución urgente cuanto antes para comenzar a comprar y vender el Sahara sin demasiados obstáculos. Algo similar al PIL, actual socio de CC y PP en la UTE que en la actualidad gobierna el Cabildo de Lanzarote y que estaría encantado de que los dominios geográficos de Mohamed VI se extendieran hasta el Faro de Orchilla.
El Gobierno de España, y el PSOE, defienden las resoluciones de Naciones Unidas que buscan una solución dialogada y pacífica al conflicto del Sahara Occidental. El problema de Aminatou Haidar debe resolverse dentro de los cauces propios de las relaciones diplomáticas. Los colectivos de apoyo al pueblo saharaui no deben permitir la burda utilización política de los últimos días que realizan PP y CC, a quienes la situación de esta activista únicamente interesa desde su perspectiva de perjudicar al PSOE. Tomemos ejemplo de Carmelo Ramírez: él si tiene toda la autoridad moral para expresarse con absoluta determinación.