Durante los ocho años de gobierno del Partido Popular, el debate sobre el futuro de las pensiones se centraba en su inevitable privatización. Algo parecido a la sentencia deprimente de Aznar, cuando ante las quejas ciudadanas por la creciente inseguridad en las calles, el presidente zanjó la cuestión con aquello de que "él que quiera seguridad, que se la pague". Ahora, el Consejo de Ministros presidido por Zapatero ha puesto sobre la mesa un asunto de irrenunciable discusión: es imprescindible reformar el sistema de pensiones y hablar sobre la edad de jubilación, porque con los actuales parámetros de evolución demográfica los pensionistas dentro de treinta años no disfrutarán de los mismos derechos que los pensionistas de hoy en día.
El Gobierno socialista ha hecho lo que tenía que hacer: una propuesta. Y ha matizado que buscará el consenso en el Pacto de Toledo y que intentará un acuerdo con los grupos parlamentarios, con los sindicatos y con las organizaciones empresariales. El presidente del Gobierno y los dirigentes del PSOE han sido muy contundentes: es preciso mantener la fortaleza del sistema público de pensiones. Por eso chirrían las declaraciones de la portavoz popular en el Congreso, Sáenz de Santamaría (tal vez impactada por los pactos de su partido en Lanzarote con los corruptos), exigiendo que se garantice el fondo de reserva de la Seguridad Social, cuando en la actualidad existen más de 60.000 millones de euros en ese concepto, frente a los 15.000 millones que legaron Aznar y Rajoy al Gobierno socialista en 2004.
Así que lecciones de la derecha en materia de pensiones, ninguna.