Ariagona González
Es tan ensordecedor el griterío que llega desde la bancada que ocupan la derecha y la ultraderecha en el Congreso de los Diputados, que no es de extrañar que algunas personas no sepan que el pasado 18 de marzo se aprobó la ley que despenaliza y regula la eutanasia en España. Con una amplia mayoría de 198 votos a favor, el Gobierno de coalición ha sacado adelante una de las grandes promesas adquiridas por Pedro Sánchez y el PSOE durante la campaña electoral.
Tanto ruido sólo persigue confundir y desviar la atención de la ciudadanía para que pase desapercibida la potente agenda legislativa que viene desplegando el Gobierno, garantizando derechos y propiciando avances sociales. La Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, va en esa dirección, ya que ofrece una respuesta jurídica, sistemática y equilibrada a una demanda sostenida de la sociedad actual.
Para mí es un orgullo haber respaldado con mi voto que España se haya convertido en el cuarto país de Europa y en el séptimo del mundo que permite poner fin a la vida con la intervención de un profesional de la salud en caso de enfermedad incurable, grave, crónica e invalidante. Así que ya poseemos un nuevo derecho, que consiste en reclamar intencionadamente la muerte cuando se padece una enfermedad incurable para evitar el sufrimiento propio y de los seres queridos.
Pero, como no puede ser de otra manera, el procedimiento es muy garantista, por lo que se podrá prestar tan solo a mayores de edad, en condiciones plenas, que tengan una enfermedad grave o sufrimiento intolerable y que hayan expresado su voluntad de morir. No obstante, la decisión podrá ser revocada en cualquier momento por parte del paciente.
La exposición de motivos de la iniciativa dejó bien sentado que la legalización y regulación de la eutanasia se asientan sobre la compatibilidad de unos principios esenciales que son basamento de los derechos de las personas, y que vienen recogidos en la Constitución Española. Son, de un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad.
La eutanasia significa etimológicamente muerte dulce o buena muerte. Creo que estos significados deberíamos comenzar a utilizarlos con normalidad porque expresan mucho mejor el acto profundamente humano de dar a un persona una muerte digna, con su consentimiento expreso, para ahorrarle sufrimientos. Muchas estamos convencidas de que nuestro país es un poco mejor al haber incorporado el derecho a la vida como un ejercicio de libertad que incluye el derecho a la propia muerte.
Ariagona González, diputada nacional del PSOE y consejera de Industria y Energía del Cabildo de Lanzarote.