El Ayuntamiento evita señalar a Oswaldo Betancort como el responsable de no haber ejecutado la sentencia. 

El Ayuntamiento de Teguise ha respondido con una nueva maniobra dilatoria al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), del pasado 23 de junio, en el que se le exigía identificar al responsable del cumplimiento de la sentencia de fecha 31 de octubre de 2005, que anuló la licencia correspondiente a la parcela 214 de Costa Teguise, recordando que podría imponer multas coercitivas de hasta 1.500 euros.

Así, en la contestación remitida al TSJC, el Ayuntamiento responde que “Tras comprobar Registro de entrada y Archivos de este Ayuntamiento, se constata la no existencia de documento alguno, relacionado con el procedimiento del que trae causa la Diligencia de relación mencionada”.

Ante tal situación, el Ayuntamiento explica que se ha dirigido al procurador y al letrado que constan personados “para que nos remitan toda la documentación relativa a la Sentencia dictada en ese procedimiento, como de los sucesivos actos o trámites que se hayan producido”, pidiendo al Tribunal un plazo adicional para poder cumplimentar dichas gestiones.

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Insular del PSOE de Lanzarote y número dos del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Teguise, Jenifer Galán, ha manifestado su enorme sorpresa ante este nuevo episodio en la alocada carrera de Oswaldo Betancort para evitar la ejecución de las sentencias.

«Decir a estas alturas ante el TSJC que el Ayuntamiento desconocía la sentencia que anula la licencia de la parcela 214 es un ejercicio de cinismo político. Después de once años de alcalde, Oswaldo Betancort y su equipo no pueden desconocer el esqueleto que envilece la entrada a Costa Teguise. Después de once años de alcalde no puede desconocer que esa obra está parada por mandato judicial», ha afirmado la portavoz socialista.

Galán ha explicado que esta contestación sin sentido pretende diluir la responsabilidad de Oswaldo Betancort, apercibido en varias ocasiones por los tribunales por su resistencia a dar cumplimiento a las sentencias judiciales.

«El TSJC pregunta quién es la persona responsable de que no se haya ejecutado la sentencia y el Ayuntamiento responde que no tiene ni idea de esa resolución judicial, dejando a los pies de los caballos al procurador y a Felipe Fernández Camero, el abogado del Ayuntamiento y casero de Pedro San Ginés, quienes, supuestamente, no habrían dado traslado a la corporación del resultado del procedimiento judicial ni de los requerimientos posteriores» ha señalado Galán recordando que, en todo caso, «Oswaldo Betancort le podría preguntar a Domingo Cejas, concejal de Urbanismo entonces y actual consejero del Cabildo».