María Dolores Corujo: “Estas dos leyes “se suman a la potente agenda legislativa de
progreso desplegada a lo largo de esta legislatura por el Pacto de las Flores”

El PSOE de Lanzarote asegura que las leyes canarias de cambio climático y de renta de ciudadanía, aprobadas este martes, día 13, por el Parlamento de Canarias, son “dos
nuevos compromisos cumplidos” por el Partido Socialista y el presidente Ángel Víctor Torres, “que se suman a la potente agenda legislativa de progreso desplegada a lo largo de esta legislatura por el Pacto de las Flores”.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias “nos permitirá hacer frente con garantías a la amenaza del calentamiento global y el cambio climático que se cierne sobre las islas, abordando al mismo tiempo la inaplazable transición energética hacia la plena descarbonización de la economía en el más breve plazo de tiempo”, asegura la secretaria general del PSOE de Lanzarote, María Dolores Corujo.

Hacia un modelo energético basado en las renovables

“Como el resto de las islas, Lanzarote ya dispone del marco que nos permitirá afrontar
un cambio del modelo productivo orientado hacia la transición ecológica, al establecer
objetivos y tareas concretas para los poderes públicos y la iniciativa privada con el fin de garantizar un balance neutro de emisiones de gases de efecto invernadero en 2040”, añade María Dolores Corujo.

“Toda nuestra energía debemos ponerla en la reducción progresiva del uso y el consumo de combustibles fósiles, así como el establecimiento de un modelo energético basado en las energías renovables. A la vez, significa una oportunidad única para transformar y modernizar Lanzarote, pero sin perder de vista que lo que nos mueve es conseguir una sociedad más sostenible en lo social, en lo económico y en lo medioambiental, una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva”, subraya la secretaria general.

Derecho a la renta de ciudadanía e inclusión social

Por su parte, la renta de ciudadanía es una prestación económica de carácter periódico
dirigida a atender situaciones de vulnerabilidad económica y a sufragar los gastos básicos de personas, familias u otras unidades de convivencia que se encuentren en situación de pobreza o exclusión social en Canarias, incluyendo expresamente a pensionistas, siendo subsidiaria del Ingreso Mínimo Vital y de otras prestaciones.

La renta de ciudadanía se configura en tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia: para la inclusión y protección social, para la inclusión social de jóvenes y complementaria de ingresos de trabajo. “El derecho a la renta de ciudadanía está unido al derecho que toda persona tiene a la inclusión social, tanto sea laboral cuando esto posible, como de refuerzo de los lazos sociales y comunitarios, por lo que es una garantía de inclusión social y para que nadie se quede atrás”, concluye María Dolores Corujo.