Uno de los mayores desatinos cotidianos que pueblan nuestra opinión pública es aquel que comienza y termina confundiendo el tocino con la velocidad, claro que, probablemente, se trataría de definir qué entiende cada cual por el uno y por la otra, pero esto es harina de otro costal.
Vaya por delante que mi intención no es otra que la de intentar contribuir modestamente en todo el cúmulo de despropósitos y aciertos que se han sucedido en estos días.
Es curioso cómo, de forma generalizada, el común de los mortales admite el enorme descrédito que acompaña al ejercicio político y de qué manera esta sensación suele ir acompañada de no pocos tópicos y una casi nula reflexión.
No obstante, si algunos cargos públicos no hubieran hecho ya lo suficiente para alimentar ese descrédito con sus actuaciones, éste se ve multiplicado por algunas declaraciones que, a mi entender, echan una impresentable, peligrosa e innecesaria leña al fuego.
Veamos, creo que la "presunción de inocencia" es una figura que se usa cuando "me afecta a mí y a los míos" y que se obvia cuando se trata de aplicarla a los demás o a "los otros". Pero eso es también harina de otro costal y lo que me interesa recoger aquí es que esa figura hay que situarla en su contexto, que no es otro que el judicial, si no queremos, por muy buena voluntad que se tenga, que se nos note el plumero.
Confundir la presunción de inocencia, que todo Estado de Derecho contiene en su definición, con una supuesta presunción de inocencia idéntica aplicable al terreno político, es mezclar cosas totalmente diferentes; pues cuando alguien está imputado/a por cualquier delito, es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pero en el ejercicio de la Política, es, cuando menos, sospechoso/a para siempre, dado que, entre otras cosas, mientras que la aplicación de la ley sólo contempla si existen pruebas suficientes para condenar o no a alguien por cometer un delito, el desarrollo de la tarea pública exige, en democracia, una mínima conducta ética que con la imputación judicial queda irremediablemente dañada.
A pesar de que los tribunales absuelvan al sujeto en cuestión, la sospecha en torno al abuso que "los políticos" efectúan en el desempeño de sus cargos y el uso particular de los intereses de todos en beneficio propio, es algo que, desafortunadamente para todas las personas honestas que abundamos con nuestros aciertos y errores a cuestas en la arena política, está hondamente arraigado en el pre-juicio colectivo, y esto no nos beneficia en absoluto.
En definitiva, la imputación por parte de la judicatura comienza y se ejerce desde la presunción de inocencia, pero pretender trasladar este criterio a la política y a la gestión de los intereses de todos es olvidar que los criterios para la valoración del quehacer público no son jurídicos sino éticos y políticos, con lo cual, lo mínimo cuando aún nos atañe la decencia es ir pensando en otra cosa si en algo nos afectan y nos preocupan los problemas de los demás, para algunos, o de ese ente abstracto que denominamos "pueblo", para otros.
Además, en política no sólo hay que ser honesto sino parecerlo, y muchas personas se piensan que con lo segundo basta.