El Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote presentó en el último pleno una moción para instar a todas las comunidades autónomas a cumplir con las obligaciones derivadas de la reciente reforma de la Ley de Extranjería, que establece un sistema de acogida solidaria de menores migrantes no acompañados. Sin embargo, la propuesta fue rechazada con el voto en contra del presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort y su grupo de gobierno.
Desde el Grupo Socialista consideran incomprensible y profundamente irresponsable esta negativa. “Es inaceptable que gobiernos autonómicos, muchos del Partido Popular, utilicen a menores como herramienta política. Ya resulta insostenible que Fernando Clavijo exija al Estado medidas para un reparto solidario mientras su socio de gobierno lo bloquea, y que ahora sea también Coalición Canaria la que se niegue a alzar la voz contra quienes incumplen”, ha criticado González.
“Esta es una cuestión de justicia y de humanidad. No podemos seguir permitiendo que algunas comunidades bloqueen o boicoteen una norma que busca garantizar la protección de niños y niñas que llegan solos a nuestras costas”, ha denunciado la portavoz del PSOE en el Cabildo, Ariagona González.
Desde el PSOE se recuerda que esta medida no solo beneficia a Canarias, sino que responde a obligaciones legales derivadas de los tratados internacionales suscritos por España y al mandato moral de atender adecuadamente a quienes más lo necesitan.
Los socialistas insisten en que la reforma llega tras meses de bloqueo por parte del PP, que ya el año pasado se negó a apoyar esta propuesta en el Parlamento de Canarias, incumpliendo sus compromisos con las instituciones canarias. La moción registrada por el Grupo Socialista incluía un único acuerdo, en el que se solicitaba al Pleno del Cabildo de Lanzarote que instara a todas las comunidades autónomas a cumplir lealmente con las obligaciones establecidas en la nueva normativa.
“El cumplimiento de esta ley es imprescindible para evitar la sobrecarga de los sistemas de protección de comunidades como la nuestra y, sobre todo, para garantizar un nivel digno de atención a estos menores. La solidaridad no puede ser una opción; es un deber”, concluyó Ariagona González.