El documento, que ahora califican de “borrador” fue rubricado por el presidente tras suspender el juez de lo Mercantil las atribuciones y facultades del consejo de administración de la empresa pública de aguas

Los Socialistas de Lanzarote han denunciado públicamente que el contrato con Ignacio Calatayud como representante legal de Inalsa fue firmado por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, sin tener éste capacidad legal para ello.

“Al margen de que fuera o no un borrador, lo cierto es que San Ginés carece de facultades para firmar nada, tras suspender el juez de lo Mercantil las atribuciones del consejo de administración de la empresa pública de aguas”, asegura el secretario general de los Socialistas de Lanzarote, Carlos Espino.

El pasado 2 de octubre de 2009, el juez responsable del procedimiento concursal de Inalsa, dictó la modificación del régimen de intervención de la compañía por el de suspensión de facultades de administración y disposición del patrimonio de la concursada.

La medida, que dejó sin atribuciones al consejo de administración de Inalsa, se argumentó sobre la base de la inestabilidad política y “ante la inminente moción de censura en el Cabildo de Lanzarote”, según explicaron entonces los administradores judiciales.

“Parece ser que nadie le explicó a San Ginés que asumía un cargo vacío de contenido en Inalsa, por lo que desde su ignorancia trató de beneficiar a su amigo Calatayud con un contrato por casi 200.000 euros, que ahora califican de borrador”, apunta Espino.

Según el consejero socialista, “la chapuza llega a tal extremo que el documento rubricado por el presidente del Cabildo tiene entrada en INALSA el día 2 de marzo, con el número 464 de registro y mismo día, con número de registro 463, Calatayud presenta su primera factura con cargo al mencionado contrato, que estaba todavía sin registrar”

En cualquier caso y para Carlos Espino, la nota de los administradores concursales, que defiende que el contrato era un borrador y por tanto carece de validez jurídica, “no exime al presidente de actuar sin tener capacidad para ello, de obviar la intervención judicial, de no respetar las normas de contratación y de beneficiar a su amigo”.