El PSC-PSOE de Lanzarote ha registrado en la mañana de hoy una querella criminal, por presunta prevaricación urbanística, contra el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y contra dos técnicos municipales, el secretario de la Corporación, Vicente Bartolomé Fuentes, y el jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza, Antonio Lorenzo Tejera.

La querella, firmada por el secretario de organización de los socialistas de Lanzarote y consejero del Cabildo, Carlos Espino, argumenta que “se ha traspasado con toda claridad la línea que separa el ilícito administrativo de las conductas con trascendencia penal”. Según se explica en el documento presentado por el PSOE en el juzgado decano de Arrecife, y siempre según su versión de los hechos, “Tanto los informes técnico y jurídico emitidos, como la resolución dictada [en referencia a la licencia otorgada por el alcalde] se han realizado o producido a sabiendas de su tosca y grosera contradicción con el ordenamiento jurídico, de forma totalmente deliberada, con plena conciencia de su ilegalidad, y con una voluntad claramente rebelde y decididamente resuelta a remover todos los obstáculos legales interpuestos a propósito desviado, con la finalidad de obtener el beneficio ilícito perseguido (…)”.

El PSOE ha querido recordar a su vez a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a la opinión pública, que los socialistas han tenido que tomar esta medida ante el, a su juicio, flagrante incumplimiento de la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, y del grupo político al que ahora representa (Coalición Canaria), de llevar a José Francisco Reyes a la vía criminal si de los informes técnicos solicitados al efecto se entreveía algún posible delito penal.

El PSOE recuerda que en el pleno del Cabildo de Lanzarote del pasado el pasado 28 de febrero, todos los partidos políticos representados en la Corporación tomaron por absoluta unanimidad el acuerdo de recurrir a la querella criminal si se apreciaban indicios suficientes de delito, cosa que en opinión del PSOE ha quedado demostrada tras la lectura de los informes que la Corporación solicitó.

Para los socialistas lanzaroteños, Inés Rojas tiene que explicar a la ciudadanía su uso del doble lenguaje y los mensajes ambiguos y contradictorios que ella misma y Coalición Canaria lanzan con respecto a su política sobre desarrollo sostenible, y el por qué de su negativa a que el Cabildo acudiera a los tribunales ante la evidencia tan clara de cometerse una presunta ilegalidad urbanística.

Por otra parte, el Partido Socialista Canario-PSOE insiste en que entre los motivos ocultos que hayan hecho decidir a Inés Rojas y a Coalición Canaria a no llegar a la vía penal, uno de ellos pudiera ser el hecho de que José Francisco Reyes fuera hasta hace muy poco un miembro muy destacado de Coalición Canaria. O que Inés Rojas y Mario Pérez, en el caso de dar este paso con Yaiza, temieran verse obligados a tomar una decisión similar con el ayuntamiento de Teguise, cuyo alcalde es su compañero de partido Juan Pedro Hernández.

O que uno de los técnicos acusados en esta querella criminal sea Antonio Lorenzo Tejera, jefe de la Oficina Técnica de Yaiza, que también ha sido y es miembro destacado de Coalición Canaria, ocupando el cargo de director general de Trabajo del Gobierno de Canarias en la anterior legislatura, hasta el año 2003.