En los últimos días hemos conocido informaciones y denuncias muy preocupantes sobre el funcionamiento y la calidad de la atención en las residencias de mayores de Tías y Haría, centros de titularidad pública pertenecientes al Cabildo de Lanzarote pero gestionados por una empresa privada. Como secretaria insular de Sanidad del PSOE de Lanzarote, considero que este debate no puede limitarse únicamente a analizar hechos concretos: también debe llevarnos a reflexionar sobre el modelo de gestión que estamos aplicando en los servicios sociosanitarios de nuestra isla.
Cuando hablamos de la atención a las personas mayores estamos hablando de uno de los ámbitos más sensibles de las políticas públicas. Son personas vulnerables que merecen respeto, cuidados adecuados y una atención profesional que garantice su dignidad. Por eso, cualquier deficiencia en el funcionamiento de estos centros debe ser analizada con rigor y con la voluntad clara de corregir aquello que no está funcionando.
Es evidente que desde hace tiempo existe una preocupación social en torno a algunos de estos centros, especialmente en la residencia de Tías. Familias, trabajadores y ciudadanos han trasladado durante años testimonios y experiencias que apuntan a un deterioro del servicio. La mala reputación que precede a esta residencia no surge de la nada. Cuando diferentes voces coinciden en señalar problemas, lo responsable no es negar la realidad ni minimizarla, sino escuchar, investigar y actuar.
En su reciente comunicado, la empresa gestora ha reconocido la existencia de determinadas deficiencias en los últimos meses, aunque ha negado que exista una situación de desatención hacia los residentes. Es comprensible que una empresa no admita fácilmente un problema de esa magnitud, pero la preocupación social que se ha generado no puede atribuirse únicamente a una supuesta alarma injustificada.
La empresa también ha señalado la falta de personal en el sector y una elevada tasa de absentismo laboral. Nadie puede negar que el sector sociosanitario atraviesa dificultades en la captación de profesionales, especialmente en territorios insulares. Pero también es cierto que el absentismo laboral suele ser, en muchos casos, un síntoma de algo más profundo: condiciones de trabajo muy exigentes, plantillas ajustadas y una presión asistencial elevada que termina pasando factura a los trabajadores. Y cuando las condiciones laborales son precarias o inestables, es muy difícil garantizar un servicio de calidad sostenido en el tiempo.
Por otro lado, resulta llamativo que la empresa afirme haber detectado por sí misma la existencia de imágenes que vulneran la dignidad de algunos usuarios. Lo cierto es que esta situación ha salido a la luz gracias a la denuncia pública realizada y al testimonio de personas que decidieron dar un paso al frente para denunciar lo que estaba ocurriendo. Si estos hechos se confirman, deben investigarse hasta el final y depurarse todas las responsabilidades necesarias.
Pero más allá de esta situación concreta, todo esto nos obliga a abrir una reflexión más profunda: ¿qué modelo de gestión queremos para los servicios sociosanitarios de Lanzarote?
En nuestra isla tenemos un ejemplo claro de que otra forma de gestión es posible. El Hospital Insular, gestionado directamente desde lo público, ha demostrado durante años que la administración puede garantizar un servicio cercano, profesional y centrado en las personas. Los profesionales que trabajan allí son parte esencial del sistema público y su compromiso con los pacientes forma parte de la cultura del propio centro.
Esto no significa que la gestión pública esté exenta de problemas, pero sí demuestra que cuando los servicios esenciales se gestionan directamente desde lo público, el objetivo principal no es la rentabilidad ni el equilibrio de una concesión, sino el bienestar de las personas.
Las residencias de mayores no pueden tratarse como un servicio más dentro de un contrato administrativo. Son espacios de vida donde nuestros mayores pasan una etapa fundamental de sus vidas, y por tanto el modelo de gestión también importa.
Por eso, quizás ha llegado el momento de abrir un debate sereno pero valiente sobre el futuro de estos servicios en Lanzarote. Un debate que no solo analice lo ocurrido en los últimos meses, sino que permita valorar si el modelo actual es el más adecuado o si debemos avanzar hacia sistemas más centrados en la gestión pública o en modelos más pequeños y cercanos a la comunidad.
Nuestros mayores no son un expediente ni una estadística. Son personas que han construido nuestra sociedad y que merecen vivir esta etapa de su vida con dignidad, respeto y cuidados de calidad.
Y cuando hablamos de su bienestar, la política debe estar a la altura.
Por Sabina Vizcaíno Sicilia
Secretaria insular de Sanidad del PSOE de Lanzarote