El PSOE de Lanzarote critica la actitud especulativa de CC y PP y califica de “desvergüenza absoluta” la aprobación hoy en el Parlamento de Canarias de 5.496 nuevas camas turísticas
Para los socialistas Lanzaroteños es absolutamente vergonzoso lo que ha sucedido en el Parlamento autonómico y cómo Coalición Canaria y el Partido Popular han aprobado, con inusitada celeridad y sin las suficientes garantías jurídicas, la construcción de 5.496 nuevas camas turísticas en el Archipiélago. El partido socialista de Lanzarote coincide con las críticas emitidas desde la dirección regional del PSC y desde colectivos ecologistas y otros partidos politicos -aparecidas en numerosos medios de comunicación de la Islas- en las que se ha llegado a afirmar que el Parlamento canario ha sido denigrado con esta actuación oscura, precipitada y poco transparente.
Tras el intento de veto de los tres diputados socialistas gomeros, que se acogieron al artículo 89 del Reglamento de la Cámara y al artículo 12.4 del Estatuto de Autonomía, que permite a dos tercios de los diputados de una circunscripción electoral vetar una decisión en el Parlamento que consideren que puede perjudicar a su isla, a nacionalistas y populares les han podido sus ansias especuladoras y finalmente han aprobado las nuevas camas. Los socialistas lanzaroteños consideran que esta no es sino la ratificación de que CC y PP no están pensando precisamente en el interés general de Canarias ni de los Canarios.
El PSC-PSOE de Lanzarote recuerda que ya la semana pasada el Parlamento quedó denigrado cuando, el presidente de la Cámara, el polular Gabriel Mato, en una actitud más propia de una república bananera que de un parlamento de un país europeo, fue capaz de alterar el calendario de sesiones de la Cámara para poder aprobar de manera urgente esas 5.496 camas en el último Pleno de la legislatura.
Para los socialistas lanzaroteños esta baja acción no hizo sino dejar a las claras los afanes especuladores y constructivos de nacionalistas y populares, cuyas prisas desmedidas hacen caer el velo que todavía algunos ciudadanos pudieran tener para no ver qué intereses mueven a ambos partidos. El PSOE de Lanzarote cree que esta es la prueba definitiva que necesitan los lanzaroteños y todos los canarios para saber qué entienden CC y PP por “interés general” y cuál es su idea de la transparencia y el respeto a las instituciones democráticas. Porque aunque la Ley de Directrices permita las excepciones, éstas tienen que estar correctamente avaladas y bajo la seguridad jurídica necesaria, y además se recuerda que no se pueden aprobar más de 3.600 camas por año. Algo que hoy se ha incumplido.
CC: crecimiento inmobiliario vs. aumento poblacional
Más asombroso aún para los socialistas es la actitud de Coalición Canaria, un partido que se llena la boca con los problemas de inmigración y presión demográfica que sufren las islas, y que resulta que ahora ha sido capaz de buscar todos los subterfugios posibles para aprobar de manera urgente y torticera la construcción de 5.496 nuevas camas turísticas en el Archipiélago. Es evidente el doble lenguaje que usa CC, que por un lado agita el fantasma de la inmigración y por el otro alimenta el crecimiento urbanístico desmedido. El PSOE espera ver qué explicación con respecto a este tema serán capaces de intentar dar ahora los nacionalistas, y qué dirán la próxima vez que hablen de limitar la población en las islas. ¿Y son los nacionalistas los que se preguntan por qué crecemos tanto demográficamente?
Según los cálculos que habitualmente se hacen de cuántos residentes son necesarios para atender una cama turística, esas 5.500 camas significan un aumento de población en unas aproximadamente 2.500 nuevas personas en las Islas.
Prisas para Anfi-Tauro y el PGO de Arrecife. Frenazo al PTE
Además de todo lo expuesto sobre las camas que el Parlamento pretende aprobar a toda prisa (entre las que se encuentra el polémico proyecto de Anfi-Tauro en Mogán), ante el miedo de CC y PP a que cambie el signo político en el Gobierno de Canarias tras las elecciones, el PSC-PSOE recuerda cómo también las prisas y el oscurantismo han sobrevolado todo lo relativo al Plan General de Arrecife. Un Plan que María Isabel Déniz se lanzó a aprobar sin esperar no sólo a que pasara el convulso periodo electoral, sino que tampoco quiso esperar a que la nueva Ley de Suelo permitiera al Ayuntamiento obtener mejores condiciones para hacerse con suelo destinado al uso público.
Mientras, a la vez que CC y PP se lanzan a aprobar medidas y planes urbanísticos que están bajo la duda legal y que tienen clara intención especuladora, aquellos instrumentos de planificación territorial y urbanística que en lugar de poner suelo en el mercado lo eliminan, como es el caso del PTE, duermen el sueño de los justos. Coalición Canaria en Lanzarote, con Inés Rojas a la cabeza y escoltada por un gris Mario Pérez, paraliza bajo mil excusas adornadas de campos de golf, puertos deportivos y circuitos de rally, el único documento que podría suprimir 35.000 camas de la futura oferta turística.
Alcaldes de CC y su gestión del territorio
Sin acudir a casos en otras islas ni querer recordar el reciente caso en Arona en Tenerife, dónde gobierna CC, y el juzgado se ha llevado 274 expedientes para poner bajo su custodia e investigarlos, el PSOE de Lanzarote recuerda que en la Isla hay lamentables ejemplos de alcaldes nacionalistas y una convulsa gestión del urbanismo.
María Isabel Déniz (CC) tiene dos denuncias, una por el caso La Bufona y otra por el caso de las naves de Tenorio. A Juan Pedro Hernández (CC) el fiscal le pide dos años de prisión y 10 de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación urbanística. Miguel Martín (Coalición Canaria de nuevo), alcalde de San Bartolomé, está sancionado con multas por importe superior a los trescientos mil euros por haber realizado construcciones ilegales en el municipio de Tinajo, que curiosamente está gobernado por otro alcalde de CC, Jesús Machín.
Y otro ex-acalde de CC, José Francisco Reyes, ahora en el PNL, también está acusado por la fiscalía de un presunto delito de prevaricación urbanística. Y toda la Isla sabe con qué transparencia se maneja Reyes en los asuntos urbanísticos.