Resolución política Comité Regional PSC-PSOE (julio 2009)

Resolución política Comité Regional PSC-PSOE (julio 2009)

Celebradas las elecciones europeas con una victoria ajustada al PP, manifiestamente insuficiente para los objetivos políticos de deslegitimación del Gobierno que Mariano Rajoy pretendía, el Gobierno de España continúa apurando todos los instrumentos disponibles para afrontar la crisis. Y para evitar que, como tantas veces ha ocurrido, paguen los efectos más duros los sectores sociales más débiles que no la han causado.

Al propio tiempo, el Gobierno emprende un conjunto de medidas para sostener las bases de un nuevo modelo económico basado en la innovación, en la cualificación de la población, ejes del incremento de la productividad y de la competitividad, en la diversificación económica y en las energías renovables para lograr una economía sostenible.

Los datos económicos y de empleo empiezan a ser alentadores, y ponen de manifiesto los efectos positivos de las medidas adoptadas y cómo es posible afrontar la situación sin debilitar las políticas sociales, al contrario, reforzándolas; sin debilitar los derechos de los trabajadores.

El Gobierno socialista vuelve a demostrar su compromiso intenso con Canarias llenando el vacío del Gobierno de Canarias que no tiene voluntad de poner en marcha actuaciones identificables y eficaces con apoyo presupuestario para ayudar a quienes peor lo están pasando.

El Consejo de Ministros que se celebrará en octubre significa un hito de esperanza y supondrá  la puesta en marcha de una estrategia integral de desarrollo para superar la fragilidad de la economía del Archipiélago, su absoluta dependencia del binomio turismo-construcción, y el injustificable retraso en el campo de las energías renovables. Los socialistas canarios desempeñamos un papel muy activo en la elaboración de los acuerdos de ese Consejo de Ministros.

Avanza la legislatura autonómica y se agravan los problemas acumulados: deterioro de los servicios públicos esenciales, conflictividad educativa promovida desde el propio Gobierno, boicot en la aplicación de la Ley de Dependencia y avalancha de deudas declaradas judicialmente que tienen su origen en la mala gestión de los recursos públicos y que amenazan con colapsar la Hacienda de la Comunidad Autónoma.

Frente a esta situación, los socialistas canarios estamos a la altura de nuestra condición de primera fuerza política en el Parlamento de Canarias, conscientes de que somos para la población la única alternativa de Gobierno confiable frente al peor Gobierno.

Vamos a continuar efectuando propuestas en Canarias como hemos hecho en el debate presupuestario, en el de política general del pasado mes de marzo y, permanentemente, en la agenda parlamentaria así como marcando un contraste evidente en las entidades locales que gobernamos dando ejemplo.

Ante la reforma del Estatuto de Autonomía que se avecina, consideramos que la verdadera prioridad no es el aumento competencial sino la exigencia de calidad democrática. Y es inaplazable la reforma del sistema electoral antes o durante la tramitación de la reforma del Estatuto. Para posibilitar que el Parlamento refleje con fidelidad el pluralismo político y territorial del Archipiélago y la voluntad real de los ciudadanos y, especialmente, la alternancia de Gobierno a la que se resisten los beneficiarios del régimen ATI-CC-PP.

La lucha contra la corrupción no es una estrategia sino una condición de existencia de una sociedad libre y para la viabilidad del Estado de Derecho. Es un requisito esencial para restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones, y para los emprendedores y empresarios una garantía de que se respetan las reglas del juego en la economía de mercado y en la gestión de los recursos presupuestarios públicos. Es, por tanto, un factor muy importante para superar la crisis que es, también, una crisis de confianza.

Los socialistas canarios continuaremos exclusivamente atentos a la opinión de los canarios que ven en nosotros una expectativa de futuro basada en el buen Gobierno, la defensa de la legalidad y el interés público, el desarrollo de los derechos de ciudadanía, la compatibilidad entre el crecimiento económico, la preservación de la naturaleza y la apuesta por una idea de Canarias abierta, democrática, creativa y digna.