El pasado 17 de mayo el Consejo de Ministros del Gobierno del Partido Popular dio luz verde a la contrarreforma educativa conocida por LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa), que consagra una de las exigencias más obsesivas del clero más retrógrado de Europa: la imposición por ley de la religión católica en la escuela pública en nuestro país. En cuestión de horas, las que tarda en celebrarse un Consejo de Ministros ordinario, el sistema educativo español retrocedió cuatro décadas.
Ante el asombro de muchos padres y madres, la ideología ultraconservadora en estado puro ha regresado a las aulas de la mano de una derecha política que, además de ser sumisa con los poderes económicos, se muestra servil con la jerarquía eclesiástica, quizá para pagar el “escrache” permanente que los obispos practicaron al gobierno socialista durante el proceso de aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo, o las políticas de igualdad para la mujer.
Con la excusa de la crisis económica, esta LOMCE persigue consagrar una sociedad desigual. Los ricos estudiarán, pero los más desfavorecidos no podrán hacerlo porque se les priva de becas; vuelven las reválidas del Franquismo, se permite la segregación del alumnado en las aulas y se frena la contratación de profesores; la asignatura de Religión cobra fuerza, pues los obispos exigen feligreses, no ciudadanos libres, así que ahora el catecismo católico computará para el currículo o para solicitar una beca.
Los niños por un lado y las niñas por otro. Con la Ley Wert será posible estudiar por separado con financiación pública en los colegios concertados, una perversión favorecida por los particulares acuerdos firmados con la Santa Sede. Y ello pese a sentencias contrarias del Tribunal Supremo y del Consejo de Estado, que se oponen al apoyo sin límites a la escuela privada frente al desmantelamiento de la pública que preconiza el PP. Y la guinda: el ministro Wert y los suyos se arrodillan ante una Conferencia Episcopal satisfecha, pues se ha eliminado la Educación para la Ciudadanía del PSOE.
Desde el Partido Socialista decimos alto y claro que esta ley educativa es la de los recortes y de la postración de la enseñanza pública. Es una ley retrógrada que atenta contra el espíritu laico de la Constitución. La enseñanza española no necesita más catecismos. Necesita más profesores, más becas y más investigadores.
Mª. Dolores Corujo, secretaria general del PSOE de Lanzarote