El blog de María Dolores Corujo Berriel
La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo, que declara abusivos varios aspectos de la actual ley hipotecaria española, supone un inmenso soplo de aire fresco en forma de renovadas fortalezas emanadas de la Europa verdadera.
En pocas ocasiones se ha producido en la sociedad insular un consenso tan generalizado como el expresado en la manifestación del 24 de marzo del pasado año, contra la extracción de petróleo en Canarias.
Una acción reivindicativa que representó el sentir casi unánime de los lanzaroteños y las lanzaroteñas, tal y como corroboró después el Centro de Datos del Cabildo. Su encuesta de temas insulares refleja el rechazo del 72% de la población a las autorizaciones concedidas a Repsol.
Si algo nos ha demostrado la crisis es que no hay nada conquistado. Si a la crisis se le suma una gestión ideológica de derechas, se quiebra brutalmente el sueño que un día acariciamos, la ilusión de que las conquistas sociales eran nuestras y habían llegado para quedarse. Para nosotras, para nuestras hijas y nuestras nietas.
El ministro canario, José Manuel Soria, se ha descolgado en estos días con la promesa de una participación en los recursos económicos que generen las prospecciones autorizadas a Repsol. No descansa el hombre en su tarea de comercial de la multinacional petrolera.
A la vista de que ni sus propios correligionarios se creen ya el cuento de las decenas de miles de puestos de trabajo, ataca ahora con los supuestos beneficios vía impuesto especial a la medida de Canarias.
El Charco de los Clicos está tocado de muerte. Enfermo desde hace más de una década, adelgaza ante nuestros ojos sin que representantes públicos y orgánicos de las distintas fuerzas políticas hayamos actuado con la decisión, el coraje o la voluntad necesaria para evitarlo.
En el punto al que hemos llegado, es imperativo reconocer la ineficacia, las políticas partidarias, la sordomudez interadministrativa y, probablemente, cierta despreocupación por los problemas ambientales.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha declarado que su Ministerio obtuvo un ahorro de tres millones de euros mensuales en el último trimestre, tras exigir a los usuarios presentar el certificado de residencia. Y sus afirmaciones coinciden con una reciente operación de la Guardia Civil que ha permitido imputar a más de cuatro mil viajeros presuntamente fraudulentos.
Esta coincidencia de ahorro de fondos públicos y detección de defraudadores podría llevarnos a calificar de imposición razonable la solicitud del certificado en el momento del embarque.